El Real Jardín Botánico ofrece un programa para la inclusión de colectivos vulnerables

MADRID, 12 (SERVIMEDIA)

El Real Jardín Botánico (RJB) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha puesto en marcha el programa ‘Un jardín para todos’ para la inclusión y accesibilidad de colectivos vulnerable.

Se trata de una iniciativa cuyo objetivo es convertirse en un espacio de divulgación científica para las personas y colectivos vulnerables, en riesgo de exclusión social o con unas características socioeconómicas que les imposibilita el acceso a numerosas actividades educativas, formativas o culturales que ofrecen instituciones y centros públicos y privados.

El programa, que cuenta con la colaboración de la Sociedad de Amigos del Real Jardín Botánico (Sarjb), de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (Fecyt) y del Ministerio de Ciencia e innovación, está dirigido a grupos a partir de 6 años y hasta edad adulta, con o sin necesidades educativas especiales.

La actividad, disponible hasta julio de 2023, consiste en una visita guiada por el jardín y sus invernaderos para conocer la historia del mismo recinto, así como curiosidades y cuestiones generales de sus colecciones vivas. La inscripción se realiza a través de un formulario ‘online’ del RJB.

Para poder participar en el programa ‘Un jardín para todos’ es necesario ser un centro educativo público perteneciente a los distritos de Madrid de Puente Vallecas, Villaverde, Usera, Carabanchel, Latina, Villa de Vallecas, Vicálvaro, San Blas y Tetúan.

También pueden asistir alumnado de un centro de educación formal o no formal que trabaje con colectivos vulnerables o en riesgo de exclusión social, o ser una asociación, fundación, ONG, empresa o similar que trabaje con estos colectivos.

Por su parte, la técnica de la Unidad de Programas Educativos del RJB-CSIC y coordinadora del programa, Irene Fernández, señaló que de las plantas se pueden aprender estrategias de sostenibilidad, adaptación y resiliencia.

Un mensaje que quieren transmitir a los centros educativos que trabajan con población en riesgo de exclusión social; colectivos y asociaciones de inmigrantes y refugiados o de mujeres víctimas de violencia de género; presos en programas de reinserción; pacientes hospitalarios de larga duración; asociaciones de barrio; discapacitados y todas aquellas entidades que carecen de recursos económicos para poder optar al programa habitual.