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La FAPE rechaza el Anteproyecto de Ley de Información Clasificada por "limitar los derechos de libertad de expresión e información"

Agencias
@DiarioSigloXXI
jueves, 11 de agosto de 2022, 14:33 h (CET)

MADRID, 11 (SERVIMEDIA)


La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) con la participación de la Asociación de la Prensa de Madrid, ha presentado alegaciones al Anteproyecto de Ley de Información Clasificada en las que denuncia que "limita los derechos de libertad de expresión e información" bajo la justificación de "salvaguardar la seguridad y la defensa nacional".


Entre otros aspectos, considera que debería establecerse que el acceso de parte de un periodista en el ejercicio de su profesión a información clasificada como confidencial o restringida no le obliga a ocultar su contenido y, por ello, no debe ser sancionable su publicación en cualquier medio de información. Además, resaltan que no se pueden concebir como conocimiento indebido de información clasificada las investigaciones periodísticas.


Asimismo, reclama la omisión de consideración como infracción grave o leve la difusión por los medios de información de información clasificada como confidencial o restringida a la que hayan tenido acceso los periodistas en el ejercicio de su profesión, sin que en estos supuestos estén obligados los periodistas o medios informativos a entregar dichos informes o información a ningún funcionario público.


La organización profesional de periodistas insiste en que esta Ley que se pretende aprobar supone tanto una limitación del derecho constitucional a comunicar o recibir libremente información veraz como del también derecho de acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, con los límites que establece la norma constitucional en cuanto a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas.


La FAPE mantiene que no hay ninguna causa que justifique la tramitación del Anteproyecto de Ley por el trámite de urgencia. En este sentido, aclara que toda norma que afecte a derechos constitucionales debe contar con la participación ciudadana y de sus organizaciones a través del procedimiento legalmente regulado, y señala que omitir dicho trámite legal supone una censura a la opinión de la ciudadanía.


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