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MADRID, 05 (SERVIMEDIA)
El juez instructor el ‘caso Pegasus’, José Luis Calama, ha dado tres días a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado para formular por escrito las preguntas que quieran hacerle al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que ha rechazado la sugerencia del magistrado de comparecer como testigo en esa causa a través de videoconferencia.
De hecho, el ministro ha dejado pasar el plazo para responder al instructor sobre esa propuesta, lo que ha sido interpretado por el juez como una negativa a su propuesta de declarar por vía telemática. Por ese motivo, Calama ha abierto un plazo de tres días para que la Fiscalía y la Abogacía del Estado le hagan llegar las preguntas que deseen formular al ministro.
El auto del juez recoge que "el testigo ha dejado precluir el indicado plazo sin efectuar manifestación alguna al respecto. Tal postura nos conduce a entender tácitamente rechazada la opción ofrecida a los efectos de prestar declaración testifical a través de videoconferencia, y por ratificada en igual forma en su decisión de acogimiento al privilegio procesal establecido en el referido artículo 412,2 de la LECrim".
El juez había citado como testigo al ministro de la Presidencia para este martes en calidad de testigo. Bolaños fue quien denunció la intromisión ilegal mediante el sistema de espionaje ‘Pegasus’ en los teléfonos móviles del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el intento fallido de acceder al celular del ministro del Interior, Fernando Grande Maslaska.
El ministro se acogió entonces a la posibilidad de declarar por escrito, un privilegio que la Ley de Enjuiciamiento Criminal contempla en su artículo 412.2 que establece esta opción para cargos políticos y miembros del Gobierno.
Por ese motivo, el magistrado da a la Fiscalía y a la Abogacía General del Estado un plazo de tres días para formular sus preguntas, tras lo cual le serán remitidas a Bolaños. Fuentes jurídicas consultadas por Servimedia se muestran convencidas de que el juez establecerá condiciones para que la respuesta del ministro se realice de una vez y sin la ayuda de ninguna persona.
Además, el juez ha rechazado la petición de la Abogacía General del Estado, que se opuso a la personación como acusación popular de la Asociación de Juristas Europeos Pro Lege con el argumento de que le daría acceso a datos íntimos de las personas espiadas, pero Calama entiende que no se puede limitar el papel de la acción popular y que lo investigado en este caso no tiene una dimensión privada sino que afecta a “los intereses generales”.
La intromisión en los teléfonos de los miembros del Gobierno se produjo los días 19 y 31 de mayo de 2021. El juez ya ha tomado declaración sobre este asunto a la exdirectora del CNI Paz Esteban y al funcionario de inteligencia que elaboró el informe sobre estos hechos. Además, ha solicitado información a la empresa israelí NSO Group, que comercializa Pegasus, y ha reclamado más documental a los servicios secretos de Israel, país de origen de esta empresa.
Esteban fue cesada como cabeza visible del CNI con el argumento de que hubo un fallo de seguridad en el control de las comunicaciones del Gobierno, al tiempo que estaba en el centro de la polémica por el espionaje, también con Pegasus, a varios dirigentes independentistas.
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