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Consumo creará una subdirección general para “estudiar, vigilar, inspeccionar y sancionar” fraudes masivos

Agencias
@DiarioSigloXXI
miércoles, 22 de junio de 2022, 16:51 h (CET)

MADRID, 22 (SERVIMEDIA)


El Gobierno va a crear una subdirección general adscrita a la Dirección General de Consumo para el “estudio, vigilancia, inspección, desarrollo y aplicación” de la competencia sancionadora del Estado ante fraudes masivos y con el fin de "poder tener los recursos suficientes para abordar los expedientes y las sanciones correspondientes".


Así lo anunció este miércoles el titular del departamento, Alberto Garzón, en el transcurso de su comparecencia en la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados, a petición propia para informar sobre el balance del curso y ejecución de compromisos de su departamento y a petición de los grupos Vox y Popular para explicar su posición sobre el turismo, la hostelería, el consumo de carne en España o el impacto de la subida de la inflación, entre otros asuntos.


Durante su intervención, Garzón puntualizó que España va a tener, así, “por primera vez en la historia, un instrumento que evite que el caso Volkswagen y similares puedan repetirse en nuestro país”. “Es un elemento útil que ojalá hubiera estado antes pero que, afortunadamente, ya lo tenemos encima de la mesa”, sentenció, para avanzar que se trata de un “instrumento que refuerza, mejora y amplía esta capacidad sancionadora”.


A este respecto, hizo hincapié en que la competencia sancionadora del Estado que entró en vigor el 28 de mayo con el objetivo de regular comportamientos empresariales “perjudiciales” para los derechos de los consumidores permite al Ministerio reforzar la capacidad sancionadora de las comunidades autónomas y poder abordar aquellos casos que, ante fraudes o abusos producidos por parte de empresas que trabajan en mercado globalizados como el europeo, "no tenían instrumentos para ser sancionados previamente".


Entre ellos, se refirió de nuevo al caso Volkswagen, que, dijo, “en otros países había tenido una gran cantidad de sanciones y que en España no había tenido ningún tipo de sanción administrativa al margen de lo que los usuarios hubieran podido llevar por la vía penal”, debido a que “existía una laguna y falta de un instrumento que pudiera servir para este útil”.


“Gracias a la aprobación de una norma, el Gobierno central en coalición con comunidades autónomas y entidades locales, tiene un instrumento que refuerza, mejora y amplia esta capacidad”, aseveró, al tiempo que insistió en que, para poder llevar a cabo estas funciones, se creará esta nueva subdirección general de vigilancia e inspección dependiente de la Dirección General de Consumo con el fin de “poder tener los recursos suficientes para abordar los expedientes y sanciones correspondientes”.


La creación de la nueva subdirección general se suma, según Garzón, a otras medidas puestas en marcha por su gabinete con el objetivo de “modernizar” la normativa española y garantizar que las relaciones de consumo se desarrollan “en términos de justicia social, igualdad y sostenibilidad”.


BALANCE DE LEGISLATURA


En su balance de legislatura, tras enumerar varios de los hitos logrados por el ministerio en los últimos meses, como la ampliación de la garantía legal de los bienes de consumo de dos a tres años, la aprobación de un nuevo Marco Estratégico de Consumo junto con las comunidades autónomas o el incremento en un 50% de la financiación del Sistema Arbitral de Consumo, se refirió también a la futura Ley de Atención a la Clientela, que estará aprobada previsiblemente en 2022 y que, según él, “supondrá un antes y un después en nuestro país”.


Entre otros aspectos, porque mejora los plazos de consulta y resolución de incidencias y limita a tres minutos el tiempo de espera para ser atendido telefónicamente en servicios generales de información, reclamación y postventa.


En el transcurso de su alocución, también incidió en la creciente “sensibilización” de los consumidores por los impactos medioambientales de sus hábitos de vida, razón por la que el Ministerio de Consumo, junto con el Centro Común de Investigación (JRC, Joint Research Centre) de la Comisión Europea, elaboró el estudio Sostenibilidad del Consumo en España, cuyas conclusiones “obligan”, según su punto de vista, “a apostar por una profunda transformación del sistema de producción y consumo” para revertir la situación de crisis climática.


Asimismo, además de la “urgencia” por adoptar hábitos de consumo sostenibles, Garzón señaló la importancia de adaptar la legislación a las nuevas necesidades de las personas consumidoras, “desatendidas”, a su entender, por los Gobiernos del PP “desde 2012”.


“Hemos modernizado la protección de la ciudadanía de nuestro país, adaptándola a retos presentes y futuros, a nuevos valores y patrones sociales emergentes. Todo ello, cumpliendo con la Nueva Agenda Europea del Consumidor, con la Agenda 2030 y siendo referentes y líderes europeos e internacionales”, apostilló.


Junto a ello, entre las iniciativas impulsadas por su departamento, destacó el fin de “históricos abusos”, como los de los números de teléfono de tarificación especial 902, y la actualización de la normativa para adaptarla a nuevos hábitos de consumo relacionados con las compras ‘online’ o las nuevas plataformas digitales.


Por lo que respecta a la seguridad alimentaria y nutrición, mostró su “compromiso decidido” con el recién presentado Plan Estratégico Nacional para la reducción de la Obesidad Infantil, resaltando entre sus medidas las relativas a la revisión de la fiscalidad y subida del IVA de las bebidas azucaradas, la revisión de los etiquetados nutricionales y de las composiciones de alimentos y bebidas y la regulación de la publicidad dirigida al público infantil, entre otras.


En relación con este ámbito de actuación, el ministro también anunció la aprobación de un real decreto para flexibilizar los requerimientos de higiene del comercio minorista sin menoscabo de la seguridad y la puesta en marcha de una normativa que vele por el bienestar animal en los mataderos mediante la instalación de cámaras de videovigilancia.


JUEGO


Finalmente, en cuanto a las políticas desarrolladas por Consumo en materia de juego, valoró que, “tras una década de inacción poniendo en riesgo la salud de toda una generación”, se haya dado respuesta a “una demanda social” como la de acabar con la práctica totalidad de la publicidad de apuestas y juegos de azar y adelantó la publicación de la primera convocatoria de subvenciones para el desarrollo de actividades de investigación relacionadas con la prevención de los posibles trastornos relacionados con esta actividad.


En este punto, indicó otros dos hitos importantes de su departamento en este ámbito, como son la aprobación del Real Decreto de entornos más seguros de juego ‘online’, para dotar a los jugadores de herramientas que impidan un posible consumo problemático, prevista para finales de año, y la regulación de las loot boxes o cajas botín, cuyo primer borrador saldrá a consulta pública en las “próximas semanas”.


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