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MADRID, 30 (SERVIMEDIA)
La Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA) respondió este lunes un “no rotundo” a la nueva propuesta de cotizaciones de autónomos formulada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones porque es “un palo” para los autónomos que ganan más de 1.700 euros.
La nueva propuesta del Ministerio de Seguridad Social, adelantada a las asociaciones de autónomos la pasada semana de forma verbal y que ya por escrito se debatirá en la reunión que tendrá lugar el 6 de junio, establece 13 tramos de ingresos con 11 cuotas diferentes, que oscilan entre los 250 euros para quienes ganan menos de 670 euros y 550 para los que tienen beneficios reales por encima de los 4.050 euros al mes.
La propuesta supone una reducción de cuotas para los que obtienen beneficios por debajo de los 1.125 euros al mes, las congela para los que ganan entre 1.125 y 1.700 y las sube a partir de esa cifra, según adelantó a Servimedia la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), que valora positivamente este planteamiento y pide al Gobierno reformar las cotizaciones aunque no exista “100% de consenso”.
En cambio, para ATA, el Gobierno “vive en otro mundo” porque esta iniciativa supone subir cotizaciones de forma “desproporcionada, con la que está cayendo”, entre un 33% y un 90% para 800.000 autónomos y bajar solo un 15% para 1,2 millones de autónomos.
Desde esta asociación reconocieron que la propuesta se acerca más al planteamiento formulado por ATA junto a CEOE y Cepyme, que proponía cuotas entre 205 y 404 euros, pero insistieron en que tampoco pueden apoyar este esquema.
ATA también incidió en la dificultad para “saber” lo que van a ingresar los autónomos el próximo año. “Somos autónomos y no pitonisos. Si ya es difícil ser autónomo, más difícil es adivinar el futuro”, ironizaron desde ATA.
Además, alertaron de que este nuevo sistema generará menor protección social y peores pensiones a los autónomos.
Esta reforma del sistema de cotizaciones forma parte del Componente 30 de las reformas comprometidas por el Estado español con la Unión Europea. En principio, el plazo fijado es el 30 de junio, aunque fuentes de las negociación reconocen que es “muy probable” que se incumpla en aras de intentar alcanzar el máximo acuerdo posible.
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