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MADRID, 25 (SERVIMEDIA)
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) hizo un llamamiento este miércoles a que las personas con discapacidad aprovechen las 2.042 plazas reservadas para estas personas en la Oferta de Empleo Público (OEP) 2022 aprobada por el Gobierno.
Así lo indicó en declaraciones a Servimedia el presidente del Cermi, Luis Cayo Pérez Bueno, quien consideró “importante” el número de plazas reservadas para personas con discapacidad en la OEP, aprobada ayer martes por el Consejo de Ministros y publicada este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Asimismo, Pérez Bueno emplazó “al movimiento social de la discapacidad” y sus organizaciones, a través de sus servicios de promoción de empleo, formación e intermediación laboral, a “acompañar a las personas con discapacidad para que tengan en su horizonte personal de desarrollo profesional el poder aspirar al empleo público”.
Por otro lado, el presidente del Cermi reclamó al Ministerio de Hacienda y Función Pública “seguir avanzando en tener un marco de acceso al empleo público más favorecedor”. En este sentido, reclamó la actualización de la orden ministerial de 2006 que determina las ampliaciones de tiempo en los exámenes para favorecer que las personas con discapacidad estén en igualdad de oportunidades en los procesos selectivos.
Según Pérez Bueno, dicha orden “ha envejecido” y es necesario actualizarla “para que sirva para los próximos 10 o 15 años” y, aunque indicó que el Ministerio ha mostrado “voluntad política” para actualizar la orden, “todavía no han comenzado” a hacerlo.
Por último, el presidente del Cermi pidió que, tal y como ha hecho el Ministerio de Justicia, los ministerios convoquen becas para opositores ya que “preparar oposiciones es caro, es lento, hay que dedicar varios años y si la persona no tiene una situación económica personal o familiar robusta está en inferioridad de condiciones y es un elemento de disuasión para aspirar al empleo público”.
CIFRAS OEP 2022
La OEP 2022 aprobada por el Gobierno reserva un total de 2.042 plazas para personas con discapacidad, cumpliendo así con la regulación que establece que el 7% del empleo público ofertado debe estar reservado a personas pertenecientes a este colectivo.
En concreto, según señalaron a Servimedia fuentes del Ministerio de Hacienda y Función Pública, de las 2.042 plazas reservadas a personas con discapacidad, 1.154 corresponden a la parte dedicada al acceso libre, 726 a los procesos de promoción interna y 162 a la estabilización de interinos.
El artículo 59 de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público establece que se reservará a personas con discapacidad un 7% de las plazas ofertadas, “siempre que superen los procesos selectivos y acrediten su discapacidad y la compatibilidad con el desempeño de las tareas”. Asimismo, establece que la reserva de dicho 7% de las plazas se hará de forma que el 2% de las plazas ofertadas se reserven a personas con discapacidad intelectual y el 5% de las plazas a personas que acrediten cualquier otro tipo de discapacidad.
De esta forma, del total de 2.042 plazas reservadas de la OEP de 2022, se reservarán 486 a personas con discapacidad intelectual y 1.556 a personas con otro tipo de discapacidad.
La OEP de 2022 aprobada ayer martes por el Consejo de Ministros está dotada de un total de 44.787 plazas, de las que 34.151 corresponden a la oferta ordinaria y 10.636 a la estabilización de personal interino.
De las 34.151 plazas de la oferta ordinaria (un 12,2% superior a la de 2021), 25.471 corresponderán a la Administración del Estado y, de ellas, 15.880 serán de ingreso libre y 9.591 de promoción interna.
Por otro lado, 4.992 plazas corresponderán a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (4.342 de ingreso libre y 650 de promoción interna); 1.951 a las fuerzas armadas; 1.732 a la Administración de Justicia (945 de ingreso libre y 792 para promoción interna) y 5 al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
En cuanto a las 10.636 plazas para la estabilización de personal interino, 4.692 serán para la Administración del Estado y 5.945 para la Administración de Justicia.
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