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El Gobierno aprueba el anteproyecto de Ley del Mercado de Tabacos, que equipara el cigarrillo electrónico al convencional

Agencias
@DiarioSigloXXI
martes, 10 de mayo de 2022, 14:55 h (CET)

MADRID, 10 (SERVIMEDIA)


El Consejo de Ministros aprobó este martes el anteproyecto de Ley del Mercado de Tabacos y Otros Productos Relacionados, norma con la que, según indicó el Ministerio de Hacienda y Función Pública, el Ejecutivo espera impulsar “una lucha más eficaz contra toda clase de comercio ilícito” y que se garantice “la seguridad de los consumidores”, además de contemplar la equiparación progresiva del cigarrillo electrónico al convencional.


El Ministerio liderado por María Jesús Montero resaltó que la norma “contribuirá a modernizar el régimen jurídico del mercado de productos de tabaco y otros productos relacionados”, además de “mejorar el control de los operadores y la trazabilidad de los productos a lo largo de toda la cadena industrial y comercial”.


Asimismo, a través de las medidas recogidas en el anteproyecto, “se persigue asegurar un mercado que sea neutral y transparente, que garantice que todos los productos que lleguen al consumidor lo hacen de forma segura, cumpliendo plenamente la normativa, y que los operadores que intervienen en el mercado a lo largo de todas las fases de la cadena actúan de acuerdo con el ordenamiento jurídico”.


Para ello, los objetivos de la futura ley serán “reforzar la transparencia, la neutralidad y la seguridad de los productos, en beneficio de los consumidores y usuarios”, según Hacienda, que apuntó que con esta norma “España da pleno cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normativa de la Unión Europea y en convenios y tratados internacionales de control del tabaco”.


CIGARRILLO ELECTRÓNICO


Entre las novedades que presenta el anteproyecto está la equiparación progresiva del régimen de control de la fabricación, distribución y del comercio minorista de cigarrillos electrónicos y de dispositivos de tabaco novedosos al del tabaco convencional, de acuerdo con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y las autoridades sanitarias.


Así, la ley regulará su venta exclusiva en estancos en un plazo de cinco años, a través de la red de expendedurías de tabaco y timbre del Estado, mejorando, según Hacienda, el control de los productos, sometiendo a revisión sus actividades publicitarias y promocionales y evitando la venta a menores y por Internet.


SUPERVISIÓN


La ley también buscará mejorar la supervisión de los productos de tabaco y otros productos relacionados, estableciendo las medidas necesarias para que todos aquellos que lleguen al consumidor cumplan la normativa europea y española con plenas garantías.


Además, el ámbito de supervisión se extenderá a todas las actividades industriales y comerciales de productos de tabaco y productos relacionados, incluyendo la primera transformación de tabaco crudo, el comercio de maquinaria para la elaboración de productos de tabaco, las actividades de fabricación y comercio mayorista, la fabricación y comercio de máquinas expendedoras de tabaco y, en general, a cualquier persona física o jurídica que intervenga en este mercado con fines comerciales.


NEUTRALIDAD DE LA RED DE ESTANCOS


Hacienda destacó que la norma también contempla reforzar el principio de neutralidad de la red de expendedurías de tabaco y timbre del Estado “como uno de los pilares del monopolio de venta minorista, mejorando el control de las actividades promocionales y publicitarias”


De esta forma buscará garantizar que no se favorezca desde la red minorista directa ni indirectamente el consumo de unas marcas, productos o fabricantes frente a otros.


Por otra parte, se crearán registros públicos que den publicidad a las relaciones de la industria con las autoridades encargadas de su supervisión, de forma que serán esencialmente registros públicos de operadores, de instalaciones de operadores, de máquinas de fabricación y de grupos de interés.


De acuerdo con la normativa internacional, se incorporarán deberes de diligencia para los operadores, que deberán asegurarse de que las actividades comerciales e industriales que lleven a cabo se realizan con operadores legales y para fines lícitos.


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