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Puigdemont comparece este lunes ante el Tribunal de Apelación de Sassari en la confianza de no ser extraditado

Agencias
@DiarioSigloXXI
domingo, 3 de octubre de 2021, 11:33 h (CET)

MADRID, 03 (SERVIMEDIA)


El expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont comparece este lunes ante el Tribunal de Apelación de Sassari (Cerdeña) que acordó dejarlo en libertad el pasado 24 de septiembre después de haber sido detenido a su llega a la isla italiana, en virtud de la euroorden del Tribunal Supremo, que le reclama por los delitos de sedición y malversación durante su participación en el ‘procés’.


Puigdemont, que estuvo detenido en la prisión Giovanni Bachidu, compareció brevemente ante el tribunal que consideró que su detención se ajustó a la legalidad y le dejó en libertad para que pudiera seguir cumpliendo con sus obligaciones como eurodiputado. El expresidente mantiene su intención de acudir en persona a declarar.


El instructor de la causa del ‘procés’, el magistrado Pablo Llarena, envió el pasado jueves un oficio al Tribunal de Apelación de Sassari, en el que insiste en reclamar la entrega de Puigdemont con el argumento de que la Orden Europea de Detención y Entrega (OED) librada el 14 de octubre de 2019 contra Puigdemont sigue vigente aún estando pendiente la resolución de la cuestión prejudicial planteada en su día ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).


La Corte italiana tendrá que resolver entre la interpretación del instructor y la del abogado del expresidente catalán, Gonzalo Boye, que sostiene que su detención es ilegal porque esa euroorden está suspendida en tanto no haya una decisión del TJUE sobre la inmunidad de Puigdemont como europarlamentario.


CUESTIÓN PREJUDICIAL


Llarena trasladó una cuestión prejudicial al TJUE en el momento en que el Parlamento Europeo le retiró la inmunidad para saber cuál era el alcance de las eurórdenes dictadas contra Puigdemont a partir de ese momento y que quedaran claras las condiciones de una posible extradición. Esta consulta fue admitida a trámite pero no se ha resuelto aún.


En paralelo, Puigdemont recurrió la retirada de la inmunidad ante el Tribunal General de la Unión Europea (TUE), que confirmó la retirada el pasado 30 de julio, pero la decisión se basaba en el hecho de que, aunque no gozara de inmunidad, las órdenes de detención estarían suspendidas hasta que el TJUE resolviese la consulta del juez español.


La defensa de Puigdemont está preparando su anunciado recurso ante el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) y no lo presentará hasta después de que se produzca la declaración del día 4 de octubre, al contrario de lo que su defensa pensaba hacer en el momento de su detención.


REGRESAR A ESPAÑA


El expresidente pretende que la Justicia europea le reconozca la inmunidad también en territorio español, lo que le permitiría regresar. En cualquier caso, su abogado Gonzalo Boye considera que es mejor esperar a conocer la posición de la fiscalía italiana sobre la euroorden antes de presentar el escrito. En el Tribunal de Apelación de Sassari, la Fiscalía se opuso a la tramitación de la euroorden, "dando por bueno" el auto del 30 de julio en el que el TGUE aseguró que estaba suspendida. En caso de que esta posición se mantenga, la defensa de Puigdemont considerará que el caso queda cerrado.


La Abogacía del Estado sostuvo ante el TJUE que en tanto no se resolviera la cuestión prejudicial no ejecutaría la euroorden, una posición distinta a la que mantienen el instructor del caso que sostiene que la cuestión prejudicial "no modifica la situación en que se encuentra actualmente el procedimiento, sin perjuicio de que deba acomodarse en su día a la interpretación que del derecho europeo, y sobre las estrictas cuestiones suscitadas, realice el TJUE".


El recurso de Boye pondrá en evidencia la contradicción entre la Abogacía del Estado y el Tribunal Supremo y obligará a la justicia europea a pronunciarse sobre la concesión provisional de la inmunidad para Puigdemont hasta que haya decisión sobre el fondo del asunto. Por el camino se tendrá que dilucidar si los servicios jurídicos del Estado están o no de acuerdo con la idea de Llarena de que las euroórdenes están activas.


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