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MADRID, 07 (SERVIMEDIA)
Vox presentó este martes en el Tribunal Constitucional sendos recursos contra las leyes de infancia y de apoyo a capacidad jurídica de las personas con discapacidad, al entender que en estas normas se han incluido elementos que “vulneran derechos fundamentales”.
Los recursos fueron presentados esta mañana en el Constitucional por la portavoz adjunta de Vox en el Congreso, Macarena Olona, las diputadas Carla Toscano y Lourdes Méndez y la vicesecretaria jurídica nacional de esta fuerza política, Marta Castro.
El partido de Santiago Abascal explicó que los principales aspectos que recurre son el "concepto de parentalidad positiva" que incluye la 'ley de la infancia'” y “la prohibición de visitas de un padre a sus hijos por la mera denuncia de la mujer" contemplado en la 'ley de discapacidad'.
Ambas normas entraron en vigor el pasado mes de junio y contaron con un amplio apoyo parlamentario, aunque Vox se posicionó en las Cortes en contra de ambas iniciativas legales.
“INJERENCIAS” DEL ESTADO
A este respecto, en su recurso contra la ‘ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia', el partido de Abascal pide el Constitucional que revise varios aspectos de la norma por entender que vulnera la Carta Magna.
Así, los denunciantes cuestionan aspectos como el artículo 30, por la referencia que incluye a “una educación afectivo sexual”, o porque se contemplen en la ley “medidas de política familiar encaminadas a apoyar los aspectos cualitativos de la parentalidad positiva”.
Para Vox, “estos preceptos abandonan la línea del constitucionalismo democrático de considerar el espacio familiar como un ámbito privado de libre desarrollo de las relaciones afectivas entre padres e hijos, sin injerencias de los poderes públicos”.
Sobre la reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, el partido de Abascal recurre que se incluya en esta norma el anular todo “régimen de visita o estancia respecto del progenitor incurso en un proceso penal iniciado por violencia de género”.
A juicio de los recurrentes, este planteamiento “vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión”. Por eso piden que se anule, según recoge la ley sobre discapacidad, la “privación automática y por efecto de la ley, de la facultad que corresponde al progenitor de poder participar en la toma de decisiones que le incumben en el ejercicio de la patria potestad cuya titularidad le pertenece y sin resolución judicial que le limite o prive de las facultades que le conciernen”.
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