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Economía
    

El Consejo de General de Economista tacha de “irrisorio” el plazo de 15 días hábiles para hacer aportaciones a la reforma concursal

Agencias
@DiarioSigloXXI
jueves, 5 de agosto de 2021, 12:53 h (CET)

MADRID, 05 (SERVIMEDIA)


El Consejo General de Economista ha mostrado su disconformidad con el plazo “irrisorio” establecido por el Gobierno para la audiencia pública de la ley concursal, que se desarrollará entre el 5 y el 25 de agosto, es decir, en 15 días hábiles.


“Nos parece poco serio que para una ley de tanto calado sólo se hayan dado 15 días hábiles para el trámite de audiencia pública. Además, en unos días en los que ni siquiera se celebran Consejos de Ministros por las vacaciones estivales”, señalaron desde el Registro de Economistas Forenses, órgano especializado del Consejo General de Economistas de España en materia de insolvencias.


En este sentido, el presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, afirmó que entiende “las prisas del Gobierno” para acometer las reformas comprometidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, pero aseguró que “una reforma que afecta a la supervivencia de nuestras empresas merece un período de reflexión algo más amplio, como el que se ha dado, por ejemplo, a otra norma de gran trascendencia como es el Anteproyecto de Ley de Creación y Crecimiento de Empresas”, que tiene un plazo que supera el mes.


Respecto a la esencia de la reforma concursal, desde el Consejo General de Economistas señalaron que supone un “avance” en líneas generales, pero criticaron que no se aborde “con seriedad” la implantación del mecanismo de alertas tempranas, que no se garantice la gestión profesionalizada en los nuevos procedimientos para microempresas, y que no se haya avanzado en la exención del crédito público.


“El anteproyecto renuncia a desarrollar un mecanismo de alertas tempranas que permita de forma eficiente que el mercado detecte con suficiente anticipación los riesgos de insolvencia”, señalaron desde el organismo, que considera “conveniente” ampliar la colaboración del futuro sistema de detección de riesgo a un mayor número de entidades, tanto públicas como privadas, “para lograr mayores sinergias”, y no limitar la adjudicación solo a los ministerios de Hacienda y Seguridad Social.


El Consejo General de Economistas también pidió establecer parámetros técnico-financieros ante la poca delimitación de escenarios de riesgos que contiene el anteproyecto.


Asimismo, consideró que posponer un año la implantación de este mecanismo convierte la iniciativa legislativa en una “medida vacía” en la regulación concursal.


En paralelo, el Consejo General de Economistas pidió al Gobierno concretar los requisitos que debe cumplir la figura de “experto en reestructuración” y asemejarla a los modelos existentes en Reino Unido e Italia.


“Sin una apuesta clara por la profesionalización y alta cualificación en los profesionales que han de ayudar a las empresas en sus momentos financieros más delicados, se corre el riesgo de convertir un gran proyecto legislativo ideado para salvar empresas en un mecanismo ineficiente y condenado al desuso y al ostracismo como son los actuales sistemas de reestructuración, refinanciación y acuerdos extrajudiciales de pago”, explicaron desde el organismo.


En este sentido, los economistas defendieron que la actuación de los profesionales administradores concursales aporta "objetividad, profesionalidad y conocimiento técnico”, en una materia “compleja” que exige especialización.


“Sería necesario incluir en esta ley a los profesionales que históricamente han ejercido la administración concursal y no postergarlo a un futuro desarrollo reglamentario, con objeto de evitar la inseguridad jurídica que supone la imposibilidad de comprobar la experiencia de los candidatos”, concluyeron.


No obstante, el Consejo General de Economistas celebró que el anteproyecto reconociera los errores del sistema concursal español, como su lentitud, complejidad y elevado coste; y aplaudió la introducción del procedimiento específico para microempresas, ya que la anterior ley concursal estaba pensada para medianas y grandes empresas, a juicio de la organización.


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