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Sociedad
    

Nueve de cada diez habitantes de los países pobres se quedarán sin vacuna contra la Covid-19 en 2021

Agencias
@DiarioSigloXXI
jueves, 27 de mayo de 2021, 12:44 h (CET)

MADRID, 27 (SERVIMEDIA)


Nueve de cada diez personas en los países de ingresos bajos no podrán vacunarse en 2021, según el informe ‘La vacuna: un bien público global para afrontar una pandemia’, elaborado por las ONG que impulsan la campaña ‘No es sano’', que se presentó este jueves.


En rueda de prensa, la investigadora y autora del informe, Irene Bernal, avanzó que el proceso de vacunación en estas regiones no funcionará “a buen ritmo” hasta 2023, por lo que hasta entonces, “no podrá decirse que estamos a salvo”.


Comparó la situación de países como Israel, donde más del 56% de la población ya ha recibido las dos dosis, o de Reino Unido y Canadá, que tienen capacidad para vacunar hasta casi cuatro veces a toda su población, con la de Níger, que ha recibido 1.500 dosis, u Honduras, que ha inmunizado al 0,6% de sus habitantes. Más de una decena de países ni siquiera han recibido su primera vacuna, resaltó Bernal.


En la actualidad, más de 8.870 millones de dosis se han comprometido en compras avanzadas a nivel global, unos 7.750 millones a través de acuerdos bilaterales y 1.120 millones a través de Covax (mecanismo global de compra conjunta de vacunas Covid-19).


Del total, el 53% —más de 4.700 millones— han sido reservadas por los países ricos. Mientras, los países de rentas medias y bajas solo tienen aseguradas apenas un 17%.


AUMENTAR LA PRODUCCIÓN


Según estimaciones de la OMS, se necesitan casi 12.000 millones de dosis para que el 75% de la población mundial pueda ser inmunizada, y hasta ahora las farmacéuticas no “han podido asumir dicha producción”.


Bernal criticó que las farmacéuticas calcularon una producción de 9.500 millones para 2021 y hasta ahora solo han distribuido algo más de 1.680 millones.


Dijo que las compañías propietarias de las patentes y los conocimientos técnicos (know-how) han mantenido el control de la producción y “se niegan a compartir el conocimiento” y de hecho, continuó, rechazaron C-TAP, un mecanismo impulsado por la OMS para compartir voluntariamente los datos y la propiedad intelectual con otras empresas.


En cambio, han alcanzado acuerdos bilaterales con compañías socias para la producción completa de las dosis o, en otros muchos casos, cediendo parcialmente sus conocimientos y subcontratando solo algunas etapas, como la producción de la sustancia activa o el llenado y terminado de viales, según dijo.


Otro problema que señala el informe es que la producción de las vacunas aprobadas ha quedado muy concentrada geográficamente en países de renta alta, principalmente en Europa y Estados Unidos. Sin embargo, “existe una potencial capacidad de producción en Asia, América Latina y África que está siendo desaprovechada”.


Si los laboratorios accediesen a compartir conocimientos, países como Bangladesh o Vietnam podrían empezar a fabricar, y otros que ya están produciendo, como Argentina o India, tendrían una capacidad mucho mayor.


Los acuerdos que han tenido lugar hasta ahora han demostrado que las compañías socias necesitan unos seis meses para ponerse a punto y comenzar la producción, por lo que “avanzar e incorporar a más países a la producción es una cuestión que salva vidas”.


Así se pronunció Fernando Lamata, ex secretario general de Sanidad y responsable de la Asociación para el Acceso Justo a los Medicamentos, tras destacar que el desarrollo de las vacunas “lo ha financiado el dinero público, no la industria”.


INVERSIÓN PÚBLICA


Se calcula que solo en este primer año, el gasto en vacunas ha ascendido a 20.000 millones a nivel mundial. “Si restamos los 5.000 millones estimados de costes de producción, encontramos que ya hay 15.000 millones en beneficios para los laboratorios”, recalcó Lamata.


Destacó que la inversión pública y filantrópica solo en investigación y desarrollo de las vacunas contra la covid-19 desde el inicio de la pandemia ronda los 5.000 millones de euros, cifra que no incluye la financiación directa a los laboratorios para el aumento de su capacidad de producción y de suministro.


La mayor parte de esa inversión pública —más de un 98%— procedía de los gobiernos y estuvo liderada por Estados Unidos y Alemania. Entre las compañías que más dinero público recibieron, se encuentran Moderna, Janssen, CureVac y la alianza Pfizer/BioNTech, que juntas acaparan más de la mitad de esa financiación pública.


Además, los estudios que dieron lugar a estas vacunas comenzaron mucho antes de la pandemia y también gracias al dinero público. El informe pone como ejemplo las investigaciones de ARN mensajero (empleadas por las exitosas Pfizer, Moderna y CureVac) que llevan en marcha cuatro décadas; o el casode AstraZeneca, que fue una de las más rápidas en desarrollarse gracias a los ensayos clínicos con otro coronavirus que ya se habían realizado previamente en la Universidad de Oxford.


“Pese a esta ingente inversión”, los gobiernos han sido incapaces” de garantizar transparencia en los contratos en cuanto a la fijación de precios, lamentó Bernal, y tampoco imponen medidas excepcionales para favorecer el aumento de la producción y la distribución.


Por todo ello, Lamata exigió un cambio de postura a la UE en lo referente a la suspensión de las patentes, “siguiendo el ejemplo de estados Unidos y el reciente anuncio de España”. “


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