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MADRID, 30 (SERVIMEDIA)
Ciudadanos ha presentado este martes en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley en la que pone de manifiesto la necesidad de tramitar como proyecto de ley la normativa reguladora de plataformas digitales de reparto a domicilio para su debate en el Pleno.
Ciudadanos señala que la prestación de servicios bajo demanda a través de plataformas digitales constituye un modelo de negocio en auge en todo el mundo. Teniendo en cuenta este aspecto, indica que se han planteado diversas iniciativas dirigidas a dotar de un marco regulatorio específico para estos modelos de negocio con el fin de evitar la inseguridad jurídica provocada por la “litigiosidad judicial” que viene afectado a la economía de plataforma.
Así, la formación de Inés Arrimadas recuerda que el Gobierno anunció hace un año su intención de impulsar una iniciativa reguladora que, en un principio, pretendía abarcar toda la economía de plataforma y que finalmente quedó restringida exclusivamente al sector de reparto a domicilio.
Meses después, añade, desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social se apuntó a un acuerdo con los sindicatos UGT y CCOO y con la patronal CEOE sobre una propuesta de regulación que, según apuntan diversas informaciones, se espera que se apruebe mediante real decreto ley.
Cs destaca que, debido a la “nuclear importancia” de la regulación laboral en general, pero específicamente de aquella que pretende regular las nuevas relaciones laborales nacidas a partir de las nuevas tecnologías, se hace “imprescindible” una tramitación que ofrezca todas las garantías legislativas y que incorpore la opinión de diferentes órganos consultivos sobre el impacto del texto normativo.
Así, este partido ha presentado una proposición no de ley porque, a su juicio, la tramitación de la futura normativa reguladora a través de la figura del proyecto de ley garantizaría que dicha regulación cuente con todos los informes oficiales previos contemplados en la legislación vigente que permitan mejorar la norma durante su tramitación y contribuir con ello a reforzar la “necesaria” seguridad jurídica en el desarrollo de la actividad y proteger el empleo en el sector del reparto a domicilio.
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