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MADRID, 16 (SERVIMEDIA)
Los equipos negociadores del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y la Vicepresidencia Segunda del Gobierno, en manos del PSOE y de Unidas Podemos, respectivamente, han aplazado a este miércoles la reunión que iban a mantener este martes para ultimar el proyecto de la Ley de Vivienda.
Así lo confirmaron a Servimedia fuentes de ambas partes, que, lideradas respectivamente por el secretario de Estado de Vivienda, David Lucas, y la secretaria de Estado para la Agenda 2030, Ione Belarra, tenían previsto dar hoy "un fuerte impulso" a la norma tras dos reuniones “técnicas” la semana pasada donde se pulieron los “detalles” ya cerrados y se avanzó en el desarrollo de los aún no acordados.
Quedaría por concretar, además, un acuerdo en principio cerrado entre PSOE y Unidas Podemos según el cual se incluirá en la Ley de Vivienda un mecanismo para evitar desahucios de familias vulnerables y sin alternativa habitacional equivalente al que se ha aprobado durante el estado de alarma.
Es decir, que los servicios sociales tendrán que emitir un dictamen sobre la eventual vulnerabilidad de los desahuciados, y, en caso de que el veredicto sea afirmativo, las comunidades tendrán que buscarles una alternativa habitacional digna.
Fuentes de Unidas Podemos se quejaron de que sus interlocutores socialistas no enviaran una propuesta que se habían comprometido a remitir sobre el trascendental tema de la regulación del precio del alquiler, que hasta ahora no ha concitado el acuerdo de ambas partes. Hoy, además de ese asunto, se iba a abordar también la situación en que quedarían los grandes tenedores, a quienes Unidas Podemos quiere gravar por sus viviendas vacías con un impuesto estatal con tramo autonómico.
La reunión aplazada de hoy a mañana aspira a dejar ultimado el anteproyecto de la Ley de Vivienda con el objeto de que llegue al Consejo de Ministros antes de Semana Santa. La víspera del acuerdo de Presupuestos, el 27 de octubre, PSOE y Unidas Podemos se conjuraron para llevar esta norma al Consejo en un plazo máximo de tres meses, que caducó en enero, y en un plazo máximo de cuatro al Congreso de los Diputados, que también quedó superado el mes pasado.
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