El plan de 11.000 millones se frenó para decidir la gestión de las ayudas a través de las CCAA o la administración central

MADRID, 10 (SERVIMEDIA)

El plan de 11.000 millones de euros se frenó e irá a un Consejo de Ministros extraordinario el próximo viernes y no el pasado martes como se esperaba para acabar de decidir si la distribución de los recursos los gestionaba la administración central o las comunidades autónomas.

Así lo indicaron a Servimedia fuentes del Gobierno, que confirmaron, además, que “por encima de la mitad de los 11.000 millones” irán a ayudas directas a las empresas en dificultades por la caída del negocio con las restricciones aplicadas para evitar contagios por la pandemia del Covid.

El plan que aprobará el Consejo de Ministros el viernes en una reunión extraordinaria pivotará sobre tres ejes o fondos: ayudas directas, reestructuraciones de deuda vinculada a créditos del ICO y en colaboración con la banca, y un soporte a la solvencia de empresas medianas y pequeñas, con potenciales recapitalizaciones, al estilo del fondo de 10.000 millones de euros de rescate de la SEPI puesto en marcha para compañías grandes y estratégicas.

Desde un principio se ha barajado que las ayudas directas las inyectasen las comunidades autónomas y ayuntamientos, al ser las mejor situadas para ver cuáles son las consecuencias de las decisiones que ellos toman de restricción de actividad. La ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, incluso apuntó que podrían “compensar una parte de los costes fijos de las empresas”.

Para hacer frente a esas medidas, el Gobierno ha recordado que transfirió a las regiones 16.000 millones de euros con el fondo Covid-19 y también tienen los 8.000 millones del fondo europeo REACT-UE, del que las propias comunidades autónomas han decidido destinar un 25% o 2.000 millones de euros a ayudas para empresas y autónomos.

Desde Unidas Podemos y la Secretaría de Estado de Derechos Sociales se pidió que vaya a ayudas directas 8.000 de los 11.000 millones previstos en el plan para cualquier empresa que acredite caídas de ingresos mínimos del 30-40% y que no se trasfieran a través de las comunidades autónomas para garantizar criterios homogéneos en todo el territorio.