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MADRID, 04 (SERVIMEDIA)
La organización INTERcids, formada por jueces, magistrados, fiscales, procuradores, abogados y agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, ha propuesto al Gobierno que permita la acusación popular en procesos judiciales relacionados con delitos contra los animales.
Esa propuesta forma parte de un paquete de aportaciones realizadas por INTERcids en el trámite de audiencia e información pública del anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal, que el Ministerio de Justicia presentará al Consejo de Ministros tras analizar las alegaciones recibidas.
INTERcids señaló este jueves que la reforma de esa norma supone una oportunidad para favorecer la acción popular en los casos judiciales de delitos contra animales, algo que no aparece en el borrador de anteproyecto de ley, lo que la organización consideró “jurídicamente inaceptable”.
“Es imprescindible que el anteproyecto incluya, entre los delitos en los cuales puede ejercerse esa acción popular, todos los delitos contra el medio ambiente y los animales, sin excepción”, apuntó.
La entidad apeló a la normativa de la UE sobre acceso a la justicia en estas materias e insistió en la relevancia que en los últimos años ha adquirido el ejercicio de la acusación popular frente a este tipo de delitos, sin la cual habrían resultado sobreseídos algunos procedimientos judiciales.
Además, subrayó que el borrador del anteproyecto limita “de manera injustificada” el derecho de las acusaciones particulares y populares a proponer pruebas, y planteó que, en el caso de que se solicite, la fianza sea “simbólica” para las acusaciones ejercidas por entidades sin ánimo de lucro.
Por otro lado, INTERcids indicó que perpetuar la consideración de los animales como “bienes” en la Ley de Enjuiciamiento Criminal no es conforme ni coherente con la consideración que les brinda el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, la legislación administrativa española sobre la materia y el Código Penal. Por ello, propuso que los animales sean tratados como seres vivos y no cosas en todo el proceso penal.
Así, ha solicitado que los animales decomisados por maltrato o abandono sean tratados con criterios de protección de su vida, integridad y bienestar tanto durante su custodia como en la decisión sobre su destino. Además, ha propuesto que los animales sean adoptados para que no estén años en un centro de acogida al encontrarse “atrapados en el procedimiento”.
Otras propuestas son que los animales no sean devueltos a las personas acusadas, se evite la presencia de animales vivos en el juzgado para evitarles sufrimiento por estrés, y que se requiera de la intervención veterinaria como diligencia fundamental para prestar la debida atención sanitaria y para obtener pruebas esenciales mediante un dictamen pericial veterinario para enjuiciar correctamente los hechos.
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