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MADRID, 04 (SERVIMEDIA)
El juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso 'Tándem', Manuel García Castellón, tomará hoy declaración al excomisario José Manuel Villarejo en relación con dos piezas de esta macro causa, tan sólo un día después su excarcelación a petición de la Fiscalía Anticorrupción.
Villarejo está citado a declarar a partir de las 10.00 horas para declarar en las piezas 26 y 29 del ‘caso Tandem’. A su salida de la prisión, el excomisario aseguró que no va a huir de la justicia, que irá a declarar y que cumplirá con sus obligaciones en los juzgados, donde tiene una treintena de causas abiertas. “Yo voy a contestar a todo”, aseguró a las puertas del penal de Estremera.
En la pieza separada número 29 se investiga el encargo que supuestamente le realizaron al comisario para que espiara al empresario Joaquín Molpeceres en relación a un concurso de acreedores.
Según el juez, dentro de los proyectos ‘Grass’ y ‘Hacha’ que se investigan en esta pieza, el excomisario podría haber incurrido en delitos de cohecho y descubrimiento y revelación de secretos.
El abogado Antonio Chávarri fue el que contrató a la empresa Cenyt, propiedad de Villarejo, en octubre de 2012, cuando el policía aún estaba en activo. Sus servicios fueron requeridos dentro de la ‘operación Grass’ para preservar el patrimonio de su cliente a partir de la separación de su esposa Sonia Molpeceres, hija del empresario Joaquín Molpeceres. Con ella compartía varios negocios.
Tras una racha de inversiones adversas, Chávarri se declaró insolvente y acabó presentando un concurso de acreedores, entre los cuales destaca el que fuera su suegro. El abogado temía que una alianza entre el administrador concursal, Luis Pérez Gil (fallecido) y Molpeceres pudiera perjudicar su patrimonio o propiciar su inhabilitación y por eso contrató a la empresa de Villarejo para recabar toda la información posible de Pérez Gil y de su exsuegro.
Los servicios contratados se facturaron a través de Cenyt y de Stuarr&McKenzie, también propiedad de Villarejo, de acuerdo a una decena de facturas por las que el excomisario cobró más de 411.000 euros.
En su declaración del pasado martes, Chávarri aseguró que contrató a Villarejo por recomendación de su socio Juan Vila-Coro y ante la observación de que el detective con el que trabajaba habitualmente no ofrecía resultados. Sin embargo, aseguró al juez que acabó prescindiendo de los servicios del excomisario porque no le dio ninguna información importante ni hizo nada productivo. Además, la situación se fue resolviendo.
El ‘proyecto Hacha’ data de 2014 y tiene por cliente al mismo despacho de abogados. En este caso se trataba de investigar a sus socios Santiago Muñoz Martín y Juan Vila-Coro. Chávarri era el propietario del 70% de la firma y presidente, pese a lo cual sus socios le habían “despojado de sus derechos políticos” y de la gestión de la empresa.
Los pagos en este caso estaban vinculados al éxito de la operación y a que Chávarri recuperara el control de la sociedad. No constan cobros en la investigación, pero en los registros policiales se encontró el borrador de una factura que superaba los 30.000 euros.
El magistrado también podría interrogar al excomisario Villarejo en relación a la pieza 26 de esta causa relativa a la empresa Segur Ibérica, que estuvo bajo la presidencia de Pedro Morenés hasta que fue nombrado ministro de Defensa por Mariano Rajoy en 2011.
Segur Ibérica se vio involucrada en lo que sus directivos consideraban una campaña de descrédito contra la compañía. En uno de los registros de la Policía al domicilio del excomisario en Boadilla del Monte se encontró un informe sobre este asunto en el que no se identificaba al presunto responsable de esa campaña.
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