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MADRID, 01 (SERVIMEDIA)
La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, señaló este martes que el presupuesto de su departamento para 2021 “nos permitirá dar continuidad” a los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) “mientras la evolución de la crisis sanitaria lo haga necesario”.
Así lo dijo Díaz durante su intervención en el Pleno del Congreso de los Diputados para defender las cuentas de su departamento para 2021.
La titular de Trabajo destacó que “mantener el empleo es mantener las empresas” en referencia a los ERTE, cuyas condiciones especiales por la Covid-19 se han prorrogado hasta el 31 de enero de 2021, y puso en valor que “la flexibilidad interna que propicia será clave” en el futuro.
También señaló que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), encargado de gestionar las prestaciones por desempleo, incluidas las de los ERTE, seguirá contando con 1.500 interinos que ya están contratados y se destinarán 73,6 millones de euros a su digitalización.
Díaz repasó que el presupuesto para Trabajo es “expansivo”, al contar con 32.600 millones, un 22,5% más respecto al presupuesto de 2018 “que dejamos atrás"; las políticas activas de empleo verán incrementada su partida en un 34,75%; para el pago de prestaciones y subsidios se contempla un 20,1% más, y los recursos para el trabajo autónomo y la economía social se elevan casi un 40%. También recordó la subida del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem) en un 5% para 2021, lo que “permitirá mejorar” la cuantía de las prestaciones de “más de un millón y medio de personas”.
Díaz también indicó que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social dispondrá de 175,8 millones, “lo que nos permitirá ampliar en 394 profesionales las diferentes categorías de la actividad inspectora”.
La titular de Trabajo afirmó que “si le damos la espalda a la precariedad y los recortes, le tendemos la mano a nuestra juventud” y consideró que con los Presupuestos presentados “estamos redactando las bases de un nuevo contrato social”.
Apeló a “europeizar” la política de trabajo y a “equiparar las condiciones laborales a los países más avanzados de nuestro entorno” con reformas e inversión.
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