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MADRID, 27 (SERVIMEDIA)
El PSOE del Senado defenderá en el Pleno de la institución de la semana que viene una moción que plantea reformar ya la Constitución con el fin de eliminar el término “disminuidos” para referirse a las personas con discapacidad, algo que en 2018 fue señalado como un objetivo por la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo.
La formación socialista informó este viernes de que lo que pide en la moción es que se presente un proyecto de reforma del artículo 49 de la Carta Magna, que es el que contiene la mención a los “disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos”
El PSOE argumenta que es necesario adaptar la norma fundamental de 1978 a la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de 2006, de forma que se ajuste su terminología “a la ineludible e imperiosa obligación de garantizar la dignidad, el respeto y la sensibilidad de los que son merecedoras las personas con discapacidad”.
El portavoz socialista en la Comisión Constitucional, Artemi Rallo, señaló que “es necesario adaptar la Constitución a los tiempos actuales, porque el término disminuido físico ha quedado totalmente desfasado” y destacó la necesidad de que “se garantice la dignidad de las personas con discapacidad con respeto y sensibilidad”.
“GARANTIZAR LA DIGNIDAD”
Rallo se refirió a que el debate de la iniciativa de su partido coincidirá con la Semana de la Constitución y recordó que, precisamente, el 3 de diciembre se celebra el Día Internacional de la Discapacidad.
El senador por Castellón recordó que ya en 2018 la vicepresidencia Calvo pidió a la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso una propuesta de nueva redacción del citado artículo 49 de la Carta Magna en colaboración con el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi).
Rallo afirmó que una reforma constitucional de este tipo debería contar con el apoyo unánime de la sociedad y de sus representantes políticos y señaló que “no se trata de una reforma técnica de la Constitución, sino de una actualización terminológica dirigida a garantizar la dignidad de todas las personas, procurando la sensibilidad y el respeto del que son merecedoras las personas con discapacidad”.
“El consenso social y político en torno a esta reforma constitucional no admite dudas y debería concretarse en un apoyo generalizado de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria”, concluyó Rallo.
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