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MADRID, 13 (SERVIMEDIA)
El Santander se propone amortizar 5.090 puestos de trabajo en su negocio bancario en España y cerrar unas 1.000 oficinas a través de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE), según las cifras destalladas por su dirección este viernes a los sindicatos.
El ajuste laboral se desagrega en 4.000 despidos a través del ERE y la reubicación de otras 1.000 personas en empresas del grupo "como medida de flexibilidad externa", según detallaron fuentes sindicales.
En la práctica afecta al 18,81% de la actual plantilla del banco en España de 27.053 trabajadores e implica adelgazar la red de manera drásticas, echando el cierre a una de cada tres oficinas o al 32,15% de las 3.110 que tenía al cierre del pasado mes de septiembre.
Para poder reubicar a la plantilla afectada por el volumen de cierres propone ampliar a 400 kilómetros la posibilidad de movilidad de trabajadores, con posibilidad de traslados entre islas en ambos archipiélagos y contemplando compensaciones económicas de entre el 10 y 15%.
La recolocación prevista será en sociedades del grupo, internalizando actividades propias y con formación para los trabajadores afectados para su adaptación al puesto. CCOO subrayó que el banco se ha comprometido además a mantener la antigüedad y el salario, entre otras condiciones. La división del Santander Personal se configura además como un departamento de expansión.
El banco justificó días atrás el ajuste dentro de un plan de transformación y eficiencia justificado en causas económicas, organizativas y productivas y que afectará a "todos los centros de trabajo": red comercial, servicios centrales y centro corporativo.
El Santander argumentó para su presentación la necesidad de buscar eficiencias y rentabilidad y adaptarse a la reestructuración del sector, a la vez que está obligado a invertir más en tecnologías y transformar estructuras.
Los sindicatos han pedido al banco que reduzca el perímetro de personas afectadas por el ERE, fomente salidas vía prejubilaciones y haya "voluntariedad absoluta".
CCOO valoró que el banco haya aceptado reducir el impacto ya con las medidas de flexibilización que el sindicato había pedido (recolocaciones y traslados), pero las juzgó aún "insuficientes" y anunció que continuará trabajando para bajar la cifra de salidas y elevar las reubicaciones.
"La externalización a empresas del grupo servirá para mantener parte del empleo dentro del petrímetro del grupo y con garantías, como ya ha ocurrido en procesos anteriores", indicó la sección sindical en el banco de CCOO, subrayando que la movilidad geográfica y entre islas es una medida que se ha planteado en otras ocasiones, aunque pidió "limitar su impacto y alcance".
Por su parte el Sindicato de Trabajadores Santander (SAT) puso de manifiesto que "la digitalización y la coyuntura económica en tiempos de pandemia no deben ser causas justificativas de un ERE". A su juicio, las cifras de salidas, sucursales y kilometraje "son muy elevadas", sobre todo cuando "no hay una visión de futuro del término de esta crisis mundial" y los trabajadores del banco soportan "exceso de trabajo día a día".
El ajuste anunciado por el banco se enmarca en un plan a escala grupo, ya que prevé aplicar ajustes de plantilla y sucursales en España, Reino Unido, Polonia y Portugal para acomodar su estructura a las nuevas realidades que impone la digitalización y contribuir con esa adaptación también a reducir su partida de costes en 1.000 millones de euros en los próximos dos años.
Para limitar el impacto final en el empleo el banco ha vuelto a contratar a la firma Lee Hecht Harrison para recolocar a los empleados que se vean afectados por el ERE, que mantendrá sus servicios por tiempo indefinido para recolocar a todos los empleados afectados. En anteriores ajustes, como el protagonizado tras absober el Banco Popular, el grueso de las salidas han sido vía prejubilaciones y bajas voluntarias incentivadas.
La reunión con los sindicatos ha sido previa al inicio oficial de negociación del ERE para el que se constituirá la mesa oficial el próximo día 17, con la entrega por parte del banco de la memoria justificativa.
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