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MADRID, 06 (SERVIMEDIA)
El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha determinado que el Estado no abonará ninguna cuantía a la concesionaria por la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA) en las autopistas R-3 y R-5 (Accesos de Madrid).
Según informa Transportes, la liquidación provisional de estas autopistas refleja que el importe de la retención provisional supera al de la RPA reconocida. De hecho, el importe de la primera resolución de determinación de la RPA de R-3 y R-5 es negativo, “- 37.446.024,31 euros”.
Este resultado significa que los tenedores del derecho de cobro no perciben ninguna cantidad, pues la estimación del importe pendiente de pago por expropiaciones supera con creces la RPA reconocida.
En concreto, se ha determinado que la RPA asciende a 430.134.877,51 euros. Es el resultado de la suma de la RPA por obras (573.907.176,93 euros) y la RPA por expropiaciones (39.041.746,30 euros).
A esta suma es preciso descontar el valor de las inversiones necesarias para obtener, en la fecha de la valoración, la “perfecta entrega de las instalaciones en condiciones de absoluta normalidad” (80.892.826,25 euros) así como minorar las indemnizaciones pagadas a los expropiados por la Administración (101.921.219,46 euros).
Sobre el importe de la RPA reconocida, se han de retener provisionalmente los importes para hacer frente a la liquidación de situaciones aún pendientes (estimación de los importes por expropiaciones pendientes de pago, de las que pueda tener que hacerse cargo la Administración, incluyendo las indemnizaciones previsibles por la reanudación de expedientes expropiatorios suspendidos en virtud de convenios de cesión de aprovechamientos urbanísticos), que ascienden en este momento a 467.580.901,83 euros.
El Ministerio ha iniciado hoy el trámite de audiencia para esta liquidación provisional, la tercera concesión para la que se inicia dicho trámite después de que el Consejo de Ministros lo aprobase el 26 de abril de 2019, una vez cumplida la tramitación establecida en la legislación sobre contratos públicos y de acuerdo con el Consejo de Estado.
Una vez concluya el trámite de audiencia, que tendrá una duración de 15 días, se analizarán las alegaciones recibidas en el mismo. Y a partir de dicho análisis, se procederá a dictar la primera resolución de determinación de la RPA.
El Acuerdo de interpretación aprobado establece que, un año después de que se dicte la primera solución de determinación de la RPA, se procederá a determinar una nueva resolución, en este caso definitiva, a los efectos de regularizar aquellas situaciones pendientes que hayan quedado resueltas en este período, como es el pago de expropiaciones.
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