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MADRID, 05 (SERVIMEDIA)
El secretario de Estado de Derechos Sociales, Ignacio Álvarez, informó este jueves de que el proyecto de presupuestos prevé un aumento de hasta cinco millones para el programa de mejora de las condiciones educativas de las personas con discapacidad. En total, la Dirección General de Políticas de Discapacidad y el Real Patronato contarán con 15,3 millones.
El Real Patronato de la Discapacidad contará con 7,6 millones, mientras que la Dirección General de Políticas de la Discapacidad tendrá asignados 7,7 millones, según dijo Álvarez en su comparecencia ante la Comisión de Derechos Sociales del Congreso de los Diputados.
Asimismo, se aumenta hasta en cinco millones el presupuesto para el programa de mejora de las condiciones educativas de las personas con discapacidad. Como explicó, este programa se financia con los saldos de las cuentas durmientes, que “obligatoriamente deben destinarse a este uso y que han experimentado este año un fuerte incremento”.
En este ámbito también se refuerzan los centros adscritos al Real Patronato como el CESyA para subtitulado y audiodescripción, el CNLSE para la normalización de la lengua de signos y el CEDD para documentación sobre discapacidad, que contarán con más de 60.000 euros cada uno de ellos.
El secretario de Estado señaló otros proyectos previstos y que ya fueron anunciados como el plan de Inversiones en cuidados de larga duración, que, con una asignación de 708 millones de euros, pretende mejorar la atención a las personas mayores, personas con discapacidad y personas dependientes.
Este plan se centra en “impulsar inversiones que permitan cambiar el modelo de cuidados de larga duración” potenciando la teleasistencia y “desinstitucionalizar” el modelo de cuidados para tender a “la atención centrada en la persona, modificando el modelo de atención residencial, impulsando la teleasistencia y la utilización de nuevas tecnologías y promoviendo prácticas innovadoras”.
En relación a la discapacidad, también se prevé, como ya se anunció la semana pasada, un plan de inversiones en accesibilidad dotado con 25 millones de euros, a fin de que las personas con discapacidad tengan un fácil acceso a servicios públicos, la educación, el empleo y el transporte.
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