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MADRID, 19 (SERVIMEDIA)
Facua-Consumidores en Acción ha solicitado al Ejecutivo que se modifique la normativa para permitir que las prórrogas a la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) concedidas como consecuencia del estado de alarma computen a la hora de calcular la validez de la inspección y la fecha de renovación del certificado.
Así lo ha demandado en una carta dirigida a la Vicepresidencia Social del Gobierno y a los ministerios de Sanidad, Consumo e Industria después de que el departamento de Salvador Illa publicase la Orden SND/413/2020, de 15 de mayo, por la que se establecen medidas especiales para la inspección técnica de vehículos.
Según el artículo 2 de dicha orden, para calcular el tiempo de validez de la inspección se tomará como referencia la fecha de validez que conste en la tarjeta ITV y no computará, “en ningún caso, la prórroga de los certificados concedida como consecuencia de la declaración del estado de alarma y de sus sucesivas prórrogas".
En este sentido, Facua no entiende que el periodo de validez empiece a computar días “o incluso meses antes de que se haya podido efectuar dicha inspección debido al estado de alarma y las prórrogas a los certificados”.
La asociación advirtió de que la orden promulgada por el Ministerio de Sanidad supone un “claro perjuicio” para los usuarios al “acortar” el periodo de validez de los certificados respecto al criterio general que establece el Real Decreto 920/2017, que, precisó, “se ha aplicado incluso cuando la ITV se pasaba con retraso en periodos anteriores al estado de alarma.
“Además, hace recaer esta disminución del tiempo de validez sobre usuarios que se han visto directamente imposibilitados para llevar su vehículo a inspección, debido a las distintas restricciones que ha impuesto el estado de alarma”, sentenció.
Por otro lado, Facua puntualizó que la Orden SND/413/2020 “contraviene” lo que recoge dicho real decreto 920/2017 con respecto a la forma de calcular los plazos de validez de la inspección de la ITV.
Por estos motivos, la organización ha solicitado a la Vicepresidencia Social y a los ministerios de Sanidad, Consumo e Industria que se revoque y se deje sin efecto el artículo 2 de la citada orden de Sanidad.
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