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Economía
    

Amor (ATA), sobre la prórroga de los ERTE: “Es la única forma de salvar 500.000 empleos y a 200.000 empleadores”

Agencias
@DiarioSigloXXI
viernes, 19 de junio de 2020, 12:20 h (CET)

MADRID, 19 (SERVIMEDIA)


El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, defendió este viernes que prorrogar los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) hasta el 31 de diciembre “es la única forma de salvar 500.000 empleos y evitar la pérdida de 200.000 empleadores de aquí a final de año”.


Su estimación la efectuó durante la cumbre empresarial organizada por CEOE donde expuso un decálogo de medidas para garantizar la reactivación de la economía minimizando sus daños ante la “revelación de la visión ideologizada y dogmática de algunos responsables políticos sobre los empresarios y el tejido empresarial” que ha puesto en evidencia la crisis.


“Han demostrado, con algunas excepciones, que no han visto una empresa en su vida ni la entienden”, dijo antes de denunciar que “los dogmatismos no crean ni mantienen empleo” y por eso el empresariado alza la voz, por “responsabilidad”, para “reclamar que se acometan medidas urgentes y realistas” que creen empleo.


Su decálogo incluye medidas, sobre todo, laborales, financieras y fiscales. “No es momento de subir impuestos”, advirtió para señalar a renglón seguido que “nadie de nuestro entorno lo está haciendo”, sino más bien, al contrario, Alemania ha rebajado el IVA al sector turístico y Portugal ha rebajado el impuesto de sociedades. Toca, dijo, crear un entorno fiscal “atractivo y que no penalice al que crea empleo”.


Amor pidió fomentar el empleo “mediante fiscalidad” y “recompensar” a aquellos autónomos y empresas que han sido capaces de mantener su plantilla durante la crisis “a pulmón”, sin aplicar ERTE ni despidos y que cifró en uno de cada cuatro.


A su juicio los ERTE hay que prolongarlos seis meses más, hasta final de año, porque, aunque el 90% de empresas y autónomos han vuelto a la actividad, coexisten “400.000 actividades paradas y la actividad de media ha caído un 60% en el tejido empresarial” lo que hace “muy difícil” mantener plantilla o reincorporar trabajadores.


“Ser cicatero con la flexibilidad de los ERTE o la exoneración de cotizaciones puede suponer un daño irreparable para autónomos, empresas y trabajadores”, abundó tras explicar que un empresario no incorpora a un trabajador por las exenciones o bonificaciones a la Seguridad Social sino porque hay actividad y demanda.


En la misma línea reclamó que la prestación extraordinaria por cese de actividad para los autónomos se prorrogue, sobre todo, cuando hay “muchos sectores” que seguirán sometidos a restricciones “y tendrán muy poca actividad” en ámbitos como la educación, actividades artísticas, taxi sin turismo o autónomos de temporada.


En materia de Seguridad Social reclamó que la cuota de los autónomos societarios sea gasto deducible en la sociedad “como lo es la cotización de un trabajador”, adecuar las cotizaciones a los ingresos reales y aplicar una reducción a aquellos autónomos con ingresos por debajo del salario mínimo interprofesional “para evitar bajas y evitar su escape hacia la economía sumergida, al menos de forma coyuntural”.


Amor demandó que se mantenga además la línea de avales del ICO más allá de octubre y con mayor dotación porque “los problemas van a llegar en unos meses” a fin de “sostener aquellas actividades que tendrán que aguantar hasta el próximo verano”.


En su decálogo incluyó la importancia de la seguridad creando “un marco predecible y estable, que genere confianza y no incertidumbre en la economía”, ya que el consumo y el empleo “es esencial para nuestra reconstrucción” y apostó por combatir la economía sumergida.


Según alertó, la economía informal está en riesgo de incrementarse precisamente con la crisis provocando que su coste “la paguen los honestos” y abogó por ponerle coto aprovechando el auge de pago telemático.


Del mismo modo reclamó atajar la morosidad estableciendo recargos a quien incumpla aunque sea una administración pública, poner fin a la excesiva burocracia administrativa y apostar por avanzar en la digitalización. Al respecto denunció que ni las comunidades autónomas ni los ayuntamientos cumplen de media con el plazo legal establecido en la ley y algunos tardan más de 400 días en pagar.


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