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El juez cita a Ana Patricia Botín y a Luis de Guindos a partir de septiembre por la compra del Banco Popular

Agencias
@DiarioSigloXXI
miércoles, 3 de junio de 2020, 15:02 h (CET)

MADRID, 03 (SERVIMEDIA)


El juez de la Audiencia Nacional encargado de la causa del Banco Popular, José Luis Calama, ha acordado que la decena de declaraciones de testigos que tuvieron que ser suspendidas con motivo de la pandemia del coronavirus se celebren en los próximos meses de septiembre y octubre.


Así, la presidenta del Banco Santander, Ana Patricia Botín, deberá declarar el día 8 de octubre y el exministro de Economía Luis de Guindos el 30 de septiembre, en su caso por videoconferencia tal y como ya estaba acordado en la causa.


Según la providencia del juzgado central de instrucción 4, las declaraciones testificales se llevarán a cabo entre los días 17 de septiembre y 18 de octubre en la sede de la Audiencia Nacional de la calle de García Gutiérrez, número 1.


La cúpula del Santander tendrá que explicar en sede judicial la compra exprés del Banco Popular por un euro en 2017 después de que la quiebra de la entidad y de su resolución por las autoridades bancarias de España y de la Unión Europea.


El caso llegó hasta la Audiencia Nacional donde el juez Calama investiga si hubo irregularidades y para ello citó a declarar en calidad de testigos a la presidenta del Santander, Ana Botín, que había sido citada para el 28 de mayo, y al entonces presidente de Santander España, Rodrigo Echenique, que tenía que comparecer mañana, día 4 de junio. Las declaraciones en este caso quedaron suspendidas por el estado de alarma para afrontar la crisis del Covid-19.


A principios de junio de 2017 la Junta Única de Resolución (JUR) europea y el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) española resolvieron el Popular ante la grave crisis de liquidez que sufrió y organizaron una subasta exprés de la entidad, pero sólo el Santander presentó una oferta en firme.


El grupo presidido por Botín acabó quedándose con la entidad por un euro. Con posterioridad, realizó una ampliación de capital en 7.000 millones para su saneamiento e inyectó 13.000 millones de liquidez para afrontar la fuga de depósitos que, en ese momento, sufría el Popular, con la estimación de lograr beneficios a partir de 2019, expectativa que ha tenido que ser aplazada.


La resolución del Popular supuso importantes pérdidas para los accionistas y bonistas de la entidad. Los pequeños inversores perdieron su dinero y fueron los que llevaron el caso a los tribunales, junto con pequeños ahorradores e inversores institucionales, que también están personados en la causa.


Además de Botín, pasarán ante el juez como testigos directivos del banco como Echenique y los responsables de la época del Ministerio de Economía y las autoridades supervisoras como el entonces ministro de Economía, Luis de Guindos; el exgobernador del Banco de España, Luis María Linde; el presidente de la CNMV, Sebastián Albella, y su antecesora en el cargo, Elvira Rodríguez.


El juez investiga si las cuentas con que las que el Popular amplió capital en 2016 por 2.505 millones de euros bajo la presidencia de Ángel Ron reflejaban su verdadera situación financiera y también la gestión del banco con Emilio Saracho al frente, que fuera objeto de una campaña de desprestigio para lograr una venta barata de la entidad.


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