Un tribunal pide proceder judicialmente contra tres miembros del Gobierno por el caso del libio deportado

Un tribunal italiano ha pedido este miércoles a la Cámara de Diputados proceder judicialmente contra el ministro del Interior, Matteo Piantedosi, y el de Justicia, Carlo Nordio, así como contra el secretario de Estado, Alfredo Mantovano, por el caso del ciudadano libio deportado acusado por el Tribunal Penal Internacional (TPI) por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.

En un informe de 90 páginas, los jueces han reconstruido en orden cronológico los hechos y han concluido que los tres funcionarios ayudaron "consciente y voluntariamente" al jefe de la Policía judicial libia, Osama al Masri, a evadir la orden de arresto del TPI.

En concreto, Piantedosi y Nordio están acusados de complicidad agravada, mientras que tanto Mantovano como el citado ministro del Interior son señalados por malversación agravada. Finalmente, el tribunal también acusa al titular de la cartera de Justicia por incumplimiento de deberes oficiales.

El voto definitivo se llevará a cabo en octubre, según ha afirmado el presidente de la comisión de Autorizaciones de la Cámara, Devis Dori. Los investigados podrán presentar sus aclaraciones durante el proceso, ha recogido el canal de televisión Rai.

Esto se produce después de que el tribunal desestimase el caso contra la primera ministra, Giorgia Meloni, tras lo que ella criticó la decisión en un mensaje publicado en redes sociales en el que cuestionó que sus ministros fueran juzgados y ella no, alegando que el "Gobierno actúa cohesionadamente" bajo su liderazgo y que "cada decisión, especialmente las tan importantes, es consensuada".

Al Masri, que formaba parte de la milicia Fuerza de Disuasión (Rada), fue detenido por las fuerzas de seguridad mientras se encontraba en Turín para asistir a un partido de fútbol entre la Juventus y el Milán. Está acusado ante el TPI por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad --incluyendo asesinatos, torturas, violaciones y otro tipo de violencia sexual-- cometidos en Libia a partir de febrero de 2015.

En concreto, estos crímenes habrían tenido lugar en la prisión de Mitiga, en Trípoli, contra personas encarceladas por motivos religiosos, por comportamiento inmoral y homosexualidad, así como por su presunto apoyo a otros grupos armados.

El TPI pidió explicaciones a las autoridades por este caso y recordó a Italia que el Estatuto de Roma recoge "el deber de todos los Estados parte de cooperar plenamente en sus investigaciones y enjuiciamientos por crímenes", lo que habría implicado consultar con el tribunal cualquier posible contratiempo o decisión.