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MADRID, 23 (OTR/PRESS) Han pasado dos años. ¿De gobierno o desgobierno? ¿Progresista o sectario? ¿De una mayoría sólida o de un chantaje permanente y de cesiones que ponen en riesgo la democracia y el Estado de Derecho? Este es un presidente y un gobierno: Sin mayorías que le apoyen y le sostengan y, por tanto, sin autonomía real. Cada votación es un dolor y una incógnita, como se acaba de demostrar en el último Pleno del Congreso. Sin capacidad legislativa, como se ha demostrado al tener que retirar muchos proyectos como la ley de reducción de jornada laboral o la llamada Ley Bolaños de control de los jueces, y con un grave descenso de la calidad normativa. Sin ser capaz de aprobar unos Presupuestos que sostengan su proyecto político. Vive de un presupuesto viejo, inservible, que retuerce para sobrevivir con la ayuda de un alto crecimiento de los ingresos fiscales. Sin debate sobre el Estado de la Nación, porque no le interesa el riesgo ni el debate ni los pactos de Estado. Sin respeto a las Cámaras por su ausencia del Senado y su voluntad de saltarse el Congreso si es preciso, para eludir el control y la fiscalización de su labor y con abuso de los decretos ley, saltándose los preceptivos informas del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo de Estado. Sin transparencia porque oculta información, no informa sobre el uso de los Fondos Europeos, manipula encuestas, no responde a las preguntas y simplemente convierte las críticas en ataques a la oposición. Sin entrevistas, salvo en los medios públicos y de la opinión sincronizada y con escasas ruedas de prensa, sustituidas con excesiva frecuencia por comparecencias sin preguntas e incluso sin periodistas o sólo con los afines. Sin una polìtica exterior responsable, sin visitas de Estado a España, ninguneando la figura del Rey y con enfrentamientos con aliados importantes, con cada vez menos relevancia y peso en Europa y en los organismo internacionales, salvo una excursión por los países hispanoamericanos con gobernantes afines o algún viaje a África. Sin medidas y mecanismos reales contra la corrupción y tratando de negar que los más altos cargos del partido y del Gobierno han campado a sus anchas durante años sin que nadie los detectara. Incluso tratando de dificultar las investigaciones. Sin una regulación de los lobbies, en los que ex altos cargos de los gobiernos democráticos y del PSOE y del PP han encontrado un frente abierto por el que se han colado sin problemas. Sin atreverse a reformar la Administración Pública, pero tratando de controlar el acceso a la función pública, especialmente a la justicia, para "formar adecuadamente" a los altos funcionarios del Estado sin respeto al mérito y la capacidad. Sin respeto a los territorios y a los ciudadanos de España, con acuerdos que privilegian a Cataluña o al País Vasco, favorecen la desigualdad fiscal y la rompen la equidad. Sin una política industrial que genere nuevas oportunidades y nuevos trabajos. Todo lo contrario: su peso específico en el PIB ha descendido a la mitad en pocos años. Sin una política de infraestructuras que mantengan las carreteras, las redes ferroviarias o los aeropuertos en condiciones de funcionamiento adecuado y seguridad y con contratos en asuntos tecnológicos con empresas de dudosa seguridad frente a los intereses españoles y europeos. Sin respeto a la libertad de información, tratando de expulsar a los periodistas incómodos o de controlar y dificultar con multas millonarias la publicación de "secretos" oficiales, de asuntos incómodos para el poder. Sin un Gobierno que merezca ese nombre, frágil y dividido, con ministros que dedican más tiempo a las redes sociales, al insulto o a la propaganda que al trabajo en sus Ministerios. Más que un Gobierno, éste es una barca de remos en medio del Mediterráneo en la que cada uno trata de salvarse a costa del otro. La base del liderazgo es el respeto por todos y cada uno de los ciudadanos. El poder debe ser un ejercicio moral y el miedo a perderlo no justifica todo. No justifica nada.
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