La Asociación para la Conservación y el Estudio del Lobo Ibérico (ASCEL), el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés) y Ecologistas en Acción han criticado que haya sido el Defensor del Pueblo y no el Gobierno el que haya presentado un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional por la rebaja de la protección especial de la especie en España. "El Gobierno de España podría haber planteado el recurso de inconstitucionalidad que hubiera suspendido las matanzas (de lobos). Matanzas que se están ejecutando al margen de todo conocimiento científico, meramente por arañar un puñado de votos de sectores marginales agropecuarios, de gente que más o menos defiende que la tierra es plana y que todo es suyo", ha señalado en declaraciones a Europa Press Ignacio Martínez, miembro de la directiva de ASCEL. ASCEL, que solicitó en 2019 la incorporación del lobo al Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE), pidió el pasado 7 de abril el recurso de inconstitucionalidad, entre otros, a presidencia de Gobierno y al Defensor del Pueblo. Lo hizo poco después de que saliese publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la Ley 1/2025 de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario. En tres enmiendas a esta ley se rebajaba la protección del lobo en España hasta permitir en la práctica su caza en todo el territorio. De forma paralela, invitaron a que más gente pidiese el recurso de inconstitucionalidad (en total, 278 personas o entidades han solicitado al Defensor del Pueblo que lo presentara). A su juicio, la discusión sobre el censo del lobo es "n tanto ridícula y absurda" ya que el Gobierno "está haciendo dejación de funciones" en este aspecto. Así, ha recalcado que "Europa no ha desprotegido al lobo, no como interpretan muchos interesadamente, y eso no significa que se pueda matar en España". Desde su punto de vista, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, no puede decir que "esto es ilegal" ya que "la responsabilidad ante una especie de interés comunitario es del Estado miembro y no está ejerciendo su responsabilidad". "El lobo no puede ser una pelotita electoral. El lobo significa la cuadratura del círculo de toda la protección de la biodiversidad en España. No podemos tener una protección de la biodiversidad creíble si no protegemos a los superdepredadores", ha recalcado. El coordinador de conservación de la WWF, Luis Suárez, ha felicitado a ASCEL por acudir al Defensor del Pueblo y al este orgaismo estatal por "hacer lo correcto". En declaraciones a Europa Press, ha señalado que espera que esta iniciativa propere. "Estamos convencidos que el Constitucional nos va a dar la razón a él y al Defensor del Pueblo y va a retirar esta parte de la ley. Porque el resto de la ley es muy necesaria y oportuna, pero eso no tiene nada que ver con la conservación y protección del lobo", ha subrayado. Aún así, ha lamentado que no haya sido MITECO el que haya presentado el recurso ante el TC. Con respecto al censo, ha pedido separar este recurso de las discusiones en torno al número de lobos. "Una es un tema legal y la otra es un tema donde el criterio científico tiene que dominar", ha puntualizado.
ES DIFÍCIL QUE LAS DISCUSIONES DEL CENSO SE VEAN MÁS PERJUDICADAS
El portavoz de Ecologistas en Acción, Theo Oberhuber, ha lamentado en declaraciones a Europa Press que el Gobierno no haya sido el que haya presentado el recurso de inconstitucionalidad. Más allá de eso, ha transmitido su esperanza de esta iniciativa sea eficaz "a la hora de conseguir que se anule esa Ley de Desperdicio Alimentario, que tiene muchos elementos irregulares". El experto opina que este recurso no va a facilitar las discusiones actuales en torno al censo, pero que tampoco las va a perjudicar, ya que considera que es "difícil" que estén más perjudicadas. "Se están discutiendo cosas que no tienen mucho sentido. El censo, quien lo ha elaborado, son las comunidades autónomas, que han pasado sus datos a Transición Ecológica", ha criticado. Como ejemplo, ha incidido en como Castilla y León pretende que se modifique el Informe sexenal --el que contiene el censo del lobo-- con "criterios políticos" para "evitar que se reconozca lo que es evidente, que el lobo está en un estado de conservación desfavorable y que, por lo tanto, no se puede matar".
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