El Congreso de Chile pide dejar sin efecto el acuerdo de asociación entre Codelco y SQM para explotar litio

La Cámara de Diputados de Chile ha respaldado el informe de la comisión investigadora que pide dejar sin efecto el acuerdo de asociación suscrito por las empresas Codelco y SQM a finales de mayo de 2024 para explotar litio en el Salar de Atacama y que también incluye la compra de la mina Salar Blanco, en Maricunga.

El texto, que ha sido aprobado por 96 votos a favor, 2 en contra y 17 abstenciones, considera que este acuerdo "representa un perjuicio gigantesco a las arcas fiscales" del país. Según se recoge en el documento, esta consecuencia procede de la decisión gubernamental de desechar la realización de una licitación pública, abierta y competitiva a nivel internacional y optar por un trato directo con SQM.

En comparación con otras operaciones de mercado similares, el informe apunta que el Estado debió recibir al menos unos 6.700 millones de dólares (5.689 millones de euros) de forma inmediata.

Al mismo tiempo, existen cuestionamientos fundados respecto a la "conveniencia y legalidad" del procedimiento utilizado, así como "la falta de criterios técnicos y económicos transparentes que respalden la elección de la vía directa.

TRANSPARENCIA Y LICITACIÓN PÚBLICA
La Cámara de Diputados chilena ha incluido una serie de recomendaciones. Entre ellas, destaca la propuesta de efectuar una licitación "internacional, pública, abierta y transparente", puesto que el proceso de realizó "sin entregar información clara, oportuna y suficiente al Congreso y a la ciudadanía".

Asimismo, plantea ampliar y revisar la consulta indígena, considerada "parcial y meramente formal" por no garantizar la participación real de las comunidades afectadas.

Los diputados han recordado que el acuerdo entre ambas compañías no está cerrado y que, por esta razón, aún existe tiempo para corregir y repensar la forma en la que se va a explotar el litio en la mayor reserva mundial de este recurso.

Por último, el documento recomienda establecer un régimen de sanciones claras y efectivas para aquellos funcionarios y directivos que incurran en prácticas opacas, oculten información o incumplan los estándares de transparencia y rendición de cuentas.