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El TC rechaza la petición de suspensión de PP y Senado y encara el debate sobre la amnistía con un Pleno dividido | |||
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El Tribunal Constitucional (TC) ha rechazado las peticiones realizadas tanto por el PP como por el Senado, que en ambos casos pretendían que se paralizara la tramitación del recurso 'popular' contra la amnistía a la espera de que el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) se pronunciara, ventilando así los últimos asuntos pendientes antes de adentrarse, en el siguiente Pleno --previsto para la última semana de junio--, en el debate sobre el borrador que avala la ley. El PP y el Senado pidieron al TC que paralizara el debate para responder al recurso de inconstitucionalidad presentado por los de Alberto Núñez Feijóo contra la amnistía hasta que el TJUE respondiera a las preguntas formuladas por varios tribunales españoles sobre la ley o que el propio TC planteara una a la corte de Luxemburgo. En respuesta a un escrito firmado por los magistrados conservadores Enrique Arnaldo, César Tolosa y Concepción Espejel, donde hacían la misma petición, el presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, ya les dijo que no frenaría el debate sobre esta primera sentencia de la amnistía para aguardar al TJUE, alegando que a cada tribunal le compete un control distinto y que en este momento el TC debía seguir adelante con el suyo, sobre la constitucionalidad de la norma jurídica. Ahora, según ha informado la corte de garantías, el Pleno ha dado la misma respuesta al PP y al Senado, contestando en la misma línea que tampoco "ha lugar" en este momento procesal a la apertura de un trámite de audiencia relativa al posible planteamiento de una cuestión prejudicial por parte del TC ante el TJUE. Contra esta decisión han anunciado voto particular Arnaldo, Tolosa y Espejel. No obstante, el TC ha aclarado que esta decisión no anticipa lo que pueda terminar resolviendo tanto "sobre la necesidad de posponer el dictado de sentencia", porque así lo justifique una "razón jurídica", como sobre una eventual consulta al TJUE, en el marco de la deliberación del Pleno sobre la amnistía. "Ese momento es el procedente, especialmente en un asunto cuya tramitación procesal ha concluido y que está pendiente solo del dictado de la sentencia", afirma. El Pleno ya rechazó en su sesión del martes la petición del PP para que Conde-Pumpido se abstuviera del debate sobre la amnistía en aplicación de la misma doctrina que sirvió para aceptar la recusación lanzada por la Fiscalía contra el magistrado conservador José María Macías, ya que éste y la mujer del presidente del TC formaron parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que informó sobre la ley en su trámite parlamentario. Arnaldo también pidió a Conde-Pumpido que las deliberaciones sobre la impugnación de los 'populares' se alargaran el tiempo que fuera necesario, incluso habilitando los plenos de julio. El presidente le contestó el pasado lunes, habilitando al completo la última semana de junio pero negándose a ampliar más el calendario. Con todo, el Constitucional ha terminado de ventilar los asuntos pendientes que rodeaban a la amnistía y ha seguido con la 'hoja de ruta' prevista. Así, fuentes jurídicas consultadas por Europa Press indican que la vicepresidenta del TC, la magistrada progresista Inmaculada Montalbán, ha comenzado y terminado este miércoles la exposición de su ponencia sobre el recurso del PP contra la ley, sin intervención de otros magistrados. De esta forma, el horizonte queda despejado para que en el siguiente Pleno los magistrados se adentren en el debate sobre el borrador de sentencia redactado por Montalbán. De estas deliberaciones, además de Macías, tampoco participará el magistrado progresista Juan Carlos Campo, que se abstuvo de los asuntos relacionados con la amnistía porque en los informes que firmó como ministro de Justicia para indultar a los condenados por el 'proces' dijo que la amnistía era "claramante inconstitucional". Estas dos bajas arrojan una mayoría de 6 magistrados progresistas frente a 4 conservadores, por lo que fuentes de la minoría asumen que la ponencia saldrá adelante sin cambios sustanciales. SE PUEDE HACER "TODO LO QUE LA CONSTITUCIÓN NO PROHÍBA" La ponencia, de 191 páginas, valida la amnistía argumentando que "el legislador puede hacer todo lo que la Constitución no prohíba explícita o implícitamente", rechazando de esta forma que la prohibición expresa de los indultos generales pueda extenderse por analogía a la amnistía, sobre la que la Carta Magna nada dice. Respecto a la verdadera motivación de la amnistía, que el PP achacaba a "una transacción política para asegurar la investidura a la Presidencia del Gobierno", Montalbán subraya que las leyes siempre responden a "criterios de oportunidad política", de modo que "su porqué es jurídicamente indiferente". Según la magistrada, el TC solo debe hacer "un control meramente externo" de que se dan las "circunstancias extraordinarias" que, según la doctrina constitucional, habilitan a conceder una amnistía, "sin reexaminar el juicio político subyacente". Tras ese análisis, concluye que la ley no es un "capricho" porque busca "mayor paz ciudadana". Solo da la razón al PP en tres cuestiones concretas: ve inconstitucional la "asimetría" para amnistiar a quienes apoyaron y se opusieron al 'procés'; que la ley incluya "una habilitación insólita" para continuar con las "actividades criminales en el futuro"; y que solo imponga escuchar a Fiscalía y a los organismos públicos perjudicados en las causas en el Tribunal de Cuentas para pedir su archivo. PUIGDEMONT Y JUNQUERAS TENDRÁN QUE ESPERAR Del escrito redactado por Montalbán, destaca que no habla del delito de malversación. Fuentes jurídicas explican que no alude a ello porque el PP no lo pidió expresamente. Por tanto, lo más probable es que haya que esperar a los recursos de amparo de los propios líderes independentistas para que el TC se pronuncie sobre este extremo. Este punto es fundamental porque la interpretación que hizo el Tribunal Supremo (TS) del delito de malversación y de la afectación a los intereses financieros y económicos de la UE en el 'procés' es lo que ha impedido aplicar plenamente la amnistía al ex presidente catalán Carles Puigdemont y al que fuera su 'número dos', Oriol Junqueras. Así las cosas, en el Supremo aguardan con cierta tranquilidad la sentencia del TC porque sus magistrados han hecho depender sus decisiones de la interpretación jurídica de la ley de amnistía --considerando que cabe exceptuar su aplicación a los líderes del 'procés'--, no de su constitucionalidad. En consecuencia, fuentes jurídicas anticipan que, incluso con una ley declarada constitucional, se mantendrán las órdenes nacionales de detención contra Puigdemont y los ex consejeros catalanes Toni Comín y Lluís Puig, así como las penas de inhabilitación de Junqueras y los demás condenados por el 'procés', que llegan hasta 2031. LOS TRABAJOS SOBRE LA AMNISTÍA LLEGARÁN A 2026 Desde la sede de Domenico Scarlatti avanzan que, una vez dictada esta primera sentencia sobre la ley de amnistía, el TC adoptará un perfil bajo, de modo que no retomará los demás asuntos relativos a esta norma jurídica hasta la vuelta del verano. Previsiblemente, continuará con los demás recursos --los de las comunidades autónomas donde gobierna el PP y el del Ejecutivo socialista de Emiliano García Page-- para seguir con las cuestiones --del TS, el TSJ de Cataluña y la Audiencia Provincial de Madrid-- y rematará con los recursos de amparo de los líderes del 'procés'. Aunque el TC deberá detenerse en las novedades que plantee cada impugnación --alrededor de una treintena-- para darles respuesta, tendrá como guía esta primera sentencia porque el PP atacó toda la ley. Las fuentes consultadas calculan que el TC estará despachando asuntos relativos a la amnistía hasta el próximo año. |
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