
La Comunidad defiende que "garantiza la autonomía y la libertad de cátedra"
Los sindicatos educativos CC.OO., UGT y CSIF así como el Sindicato de Estudiantes de Madrid y las plataformas aglutinadas bajo el nombre Por la pública han criticado las multas propuestas en el borrador de la ley regional de universidades que se ha conocido este miércoles porque consideran que son "astronómicas", que "limitan los derechos fundamentales de manifestación y protesta" y que se enmarcan dentro de "un claro modelo represivo en los campus".
Así lo han manifestado en sendos comunicados tras la publicación del borrador de la nueva normativa, que lleva meses negociándose y del que ya se conocían algunas pinceladas. Este plantea multas que van desde los 15.000 euros hasta los 100.000 euros por la realización de "manifestaciones no autorizadas que impidan el libre y pacífico ejercicio de las manifestaciones que sí han sido debidamente autorizadas o comunicadas dentro del campus" o por "permitir la ocupación de cualquier lugar del campus, que se impida el acceso a los mismos o el uso de las instalaciones universitarias".
Además, el borrador también incluye multas de entre 300 y 15.000 euros por "colocar pancartas o símbolos sin la debida autorización o arrancar los autorizados" y sanciones de entre 100.000 euros y un millón de euros para las infracciones muy graves, como "no garantizar la pluralidad y la libertad en los campus, especialmente la libertad de expresión y de cátedra".
Por todo ello, el secretario de universidad de CC.OO., Jesús Escribano, ha expresado que se trata de "un claro modelo represivo de los campos universitarios, de forma que cualquier tipo de protesta se puede ver multada y se puede ver sancionada".
Además, Escribano ha tildado de "incomprensible" que tanto la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, como el consejero de Universidades, Emilio Viciana, "digan que no es cierto lo que ponen en su propio texto". "La presidenta de la Comunidad se ha descolgado diciendo que eso es mentira, pero basta leer el propio texto que ellos mismos han publicado", ha ampliado.
Desde la plataforma Por la Pública han protestado por las "astronómicas sanciones" que les "condenan al ostracismo por ejercer los derechos fundamentales de manifestación y protesta" y han calificado el texto de "mordaza universitaria".
"En lugar de querer silenciar y controlar la universidad, exigimos al Gobierno regional que dote de presupuestos dignos y no la estrangule para convertirla en un negocio privado sin calidad", han remarcado en un comunicado, en el que también han defendido la universidad como "un espacio autónomo donde la libertad de ciencia y la de conciencia no puedan ser recortadas".
También la secretaria general del Sindicato de Estudiantes, Coral Latorre, ha utilizado el término "mordaza universitaria" para referirse a las multas conocidas este miércoles. Además, ha señalado que con estas medidas Ayuso quiere "venganza por cómo fue recibida en la Complutense al ser nombrada alumna ilustre, por las acampadas de Palestina y la movilización contra el genocidio sionista y por la huelga educativa del 28 de abril".
Por su parte, el responsable de universidad de UGT, Javier Becerra, ha valorado el sistema sancionador basado en multas económicas como un recorte a la "libertad de expresión". "El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso no quiere que en la universidad haya libertad de expresión y, para conseguirlo, pone todos los medios necesarios", han apuntado.
Finalmente, el sindicato CSIF ha señalado que las sanciones son "desproporcionadas", aunque han preferido esperar a tener el texto completo para hacer una valoración más detallada.
EDUCACIÓN DEFIENDE LA LIBERTAD DE CÁTEDRA
El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha defendido que el nuevo borrador de la ley regional de universidades "no solo no atenta contra la autonomía universitaria y la libertad de cátedra, sino que viene a garantizarlas".
Así lo ha expresado este miércoles el consejero de Educación, que ha señalado que "el régimen sancionador da herramientas a las universidades para poder hacer efectiva la autonomía y poder garantizar los derechos fundamentales".
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