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MADRID, 10 (OTR/PRESS) En los siete años que lleva Pedro Sánchez en la Presidencia del Gobierno han pasado y siguen pasando cosas que no tienen precedentes. Por citar solo dos. Nunca se había forzado tanto la maquinaria parlamentaria para alumbrar una más que polémica Ley de Amnistía, está recurrida ante el Tribunal Constitucional. Y nunca antes habíamos asistido al procesamiento de un fiscal general del Estado por el Tribunal Supremo por un presunto delito de revelación de secretos sin que ante semejante tacha el señalado, Álvaro García Ortiz, no se aviniera a presentar su dimisión. Aunque solo fuera por decoro. Cuesta entender que no haya renunciado visto que, por imperativo del Estatuto Fiscal, la fiscal jefe de Madrid, María Pilar Rodríguez, incursa en el mismo sumario, sí está abocada a renunciar. Si la amnistía a los dirigentes separatistas catalanes que participaron en el intento de golpe de Estado del "procés" supone un desprecio al principio de igualdad de todos los españoles ante la ley, principio establecido por la Constitución, el procesamiento del fiscal general del Estado y el posterior enroque del encausado apareja tal descrédito para el Ministerio Público que costará mucho tiempo revertir la situación. Máxime cuando en el auto instruido por un magistrado del Tribunal Supremo se señala que el fiscal "actuó a raíz de indicaciones recibidas desde la Presidencia del Gobierno", circunstancia qué, de quedar acreditada, vendría a corroborar la muy extendida sospecha que, bajo el mandato de García Ortiz, la Fiscalía se habría convertido en un apéndice del Ejecutivo quebrando la autonomía que por ley asiste a la institución. Esta penosa situación trae a la memoria la prepotente respuesta que dio en su día Pedro Sánchez a la respuesta a un atribulado periodista que se atrevió a inquirir acerca de quién dependía la Fiscalía. "¿De quién depende? ¿Del Gobierno? Pues ya está" Están pasando cosas que rebasan los límites de lo previsible y tolerable en una democracia.
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