
Se producen cuatro casos de media por curso escolar
Cantabria contará con un nuevo protocolo de actuación ante situaciones de violencia hacia los docentes, con cuatro casos de media por curso escolar, tras aprobar con las organizaciones sindicales por unanimidad la actualización del actual, que data de 2019.
Entre las novedades, el nuevo protocolo, que se publicará en el Boletín Oficial de Cantabria en las próximas semanas, impulsa acciones preventivas, agiliza una intervención "inmediata" y recoge la posibilidad de modificar temporalmente, con el acuerdo de la persona agredida, las condiciones laborales o incluso la adscripción temporal a otro puesto de trabajo.
Así lo ha informado el director general de Personal Docente de la Consejería de Educación, Alberto Hontañón, en la rueda de prensa para presentar la encuesta de satisfacción y convivencia en centros educativos de Cantabria, en la que también ha anunciado que está previsto que en la reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo en centros educativos públicos, fijada para el próximo 4 de junio, se someta a consideración de las organizaciones sindicales la aprobación de un protocolo de mediación, que es "pionero" en la región.
Según ha indicado, el objetivo es que, previa aprobación de ese protocolo con los sindicatos, se pueda poner en marcha de forma inmediata para el próximo curso.
En cuanto al 'Protocolo ante situaciones de violencia hacia los empleados de la Consejería de Educación', el director general ha explicado que el vigente data del 21 de junio de 2019 pero los sindicatos, desde el inicio de la legislatura, solicitaron trabajar en su renovación al considerar que "no resolvía de forma ágil ni "satisfactoria" las situaciones de violencia, tanto interna como externa, en los centros educativos.
Así, el Ejecutivo autonómico constituyó un grupo de trabajo compuesto por integrantes de la Administración educativa y de las organizaciones sindicales que ha venido trabajando hasta ahora, reuniéndose en cinco ocasiones desde abril de 2024 y hasta enero de 2025, para elaborar una nueva resolución que regulara el protocolo ante situaciones de violencia.
Finalmente, en el seno del Comité de Salud y Seguridad del 14 de mayo, aprobaron por unanimidad esta resolución, que regula el protocolo ante situaciones de violencia, acoso laboral, discriminatorio por razón de sexo, orientación, identidad sexual y acoso sexual en el trabajo.
Hontañón ha remarcado que es "el cuarto acuerdo" que en esta materia alcanza la Consejería "en menos de media legislatura" con las organizaciones sindicales, "lejos de lo que a veces se quiere decir de que no somos un Gobierno dialogante y que no nos sentamos a llegar a acuerdos", ha apostillado.
A preguntas de la prensa, el director general ha señalado que, en el seno del Comité de Seguridad y Salud, se informa cada trimestre de las situaciones de violencia que se dan en los centros, con una media de aproximadamente cuatro casos al año en el conjunto de los niveles, tanto en colegios como en institutos, indistintamente, teniendo en cuenta los casos que ha habido a lo largo de la legislatura y los existentes desde el 2019.
NOVEDADES DEL NUEVO PROTOCOLO
Hontañón ha explicado que el nuevo protocolo se actualiza siguiendo normativas como la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual o la Ley para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans y para la Garantía de los Derechos de las Personas LGTBI; y se rige por el Convenio sobre Violencia y Acoso de las Organizaciones Internacionales de Trabajadores o ITE
Además, ha destacado que impulsa acciones preventivas con el objetivo prioritario de que no se den este tipo de situaciones en los centros y, cuando existan, "agiliza" una intervención inmediata y la puesta a disposición de la persona presuntamente agredida, la asistencia letrada, la atención que pueda requerir y la intervención de todos los órganos relacionados, como Prevención de Riesgos Laborales, el Servicio de Inspección e incluso la propia Unidad de Mediación Laboral.
Otra de las novedades importantes es que regula la posibilidad de modificar temporalmente, con el acuerdo de la persona agredida, las condiciones laborales o incluso la adscripción temporal a otro puesto de trabajo que le permita desarrollar sus funciones "con total normalidad".
Y entre las mejoras, también se fusiona, en una sola fase, la de investigación, dado que con en el anterior protocolo primero había una investigación por parte del Servicio de Inspección y, a posteriori, en caso de que la persona agredida no estuviera de acuerdo con el informe final o con las conclusiones del informe de Inspección, se podía solicitar la constitución de una comisión de investigación.
En este caso, con la finalidad "de agilizar y de crear un órgano de varios especialistas, varios técnicos que puedan aportar cada uno desde su visión", se ha creado una comisión instructora que integra ya a todas esos agentes.
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