Junta culpa al Gobierno de arbitrariedad en el reparto de menores: "CyL debe ampliar su red un 300% y Cataluña un 5%"

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha criticado el reparto de menores migrantes no acompañados propuesto por el Ejecutivo central, al considerar que se han utilizado criterios "arbitrarios" que favorecen a determinadas comunidades autónomas en función de "intereses políticos" y que supone que Castilla y León tenga que incrementar su esfuerzo un 300 por ciento, mientras Cataluña debe hacerlo un cinco por ciento por el "pago" a "separatistas".

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno y sobre la reunión técnica celebrada sobre este asunto este miércoles, Carriedo ha explicado que la Junta ha remitido al Gobierno todos los datos requeridos sobre su capacidad de acogida, que actualmente se sitúa en 130 plazas específicas para menores inmigrantes no acompañados.

No obstante, la Comunidad cuenta con 178 menores acogidos tras un incremento de plazas no específicas. "El pico máximo de menores acogidos el año pasado ascendió a 198", ha relatado.

Sin embargo, ha denunciado que el Ejecutivo central toma como referencia "el dato que más le puede interesar a una determinada comunidad autónoma en cada caso", lo que, a su juicio, provoca "desigualdades" en el esfuerzo exigido a las autonomías. "Se utiliza la política de inmigración como un elemento de contentar a sus socios, algo que tiene explicación desde el punto de vista político, pero no desde el punto de vista práctico ni del interés de estos niños ni del conjunto de los ciudadanos", ha lamentado.

Según el portavoz, el resultado de este sistema ha sido que comunidades como Castilla y León o Castilla-La Mancha deben incrementar en un "300 por ciento" su red de atención a menores, mientras que en Cataluña, "en virtud del acuerdo con Junts", el incremento exigido es sólo del 5 por ciento.

Ante estos datos, el portavoz de la Junta ha defendido que es "difícil de entender y de explicar" esta diferencia y ha subrayado que, mientras en el reparto de fondos del impuesto a la banca se beneficia a las comunidades con mayor PIB, en la cuestión migratoria el mayor esfuerzo recae sobre las comunidades que, según sus palabras, "son leales al proyecto de España".

"Cuando se trata de abordar un problema de Estado, el 300 por ciento lo tenemos que abordar nosotros, mientras que los partidos separatistas, con el pacto que hace el Gobierno, sólo tienen que hacer un incremento del 5 por ciento", ha insistido, tras lo que ha reclamado que la política migratoria se base en criterios de igualdad y solidaridad, "nunca deben ser moneda de cambio para un pacto político".

En este sentido, Carlos Fernández Carriedo ha subrayado que la política de inmigración no puede convertirse en un "instrumento para sostener" al Gobierno, sino que debe responder al interés general de todos los españoles y de todas las comunidades autónomas.

En cuanto a la capacidad de acogida de Castilla y León, el consejero ha recordado que la Comunidad cuenta con plazas suficientes y que ha actuado "con lealtad" al remitir toda la información solicitada por el Gobierno central. Ha reclamado mayor transparencia y claridad en los criterios de reparto y ha pedido que la distribución se haga "con criterios de igualdad y dignidad para estas personas menores inmigrantes no acompañadas".

Por otra parte, Carriedo ha reiterado que la posición de la Junta en materia de inmigración la fija la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, y ha defendido que Castilla y León es "una tierra de acogida", y ha señalado que la Junta cumplirá los compromisos asumidos en el marco de la Conferencia Sectorial, tras garantizar que se prestará el mejor servicio posible a los menores migrantes que lleguen a la comunidad. "Hemos asumido unos compromisos que cumpliremos y damos garantía de los mismos", ha asegurado.