MADRID, 23 (OTR/PRESS) El caso Sánchez ya es un problema nacional con denominaciones específicas que afectan directamente a personas de su entorno. De ahí que este columnista utilice la expresión "corrupción de cercanías" cuando alude a uno de los tres pesados grilletes que el presidente del Gobierno lleva en los tobillos. Los otros dos: debilidad parlamentaria y estigmatización popular de su imagen pública. La denominación específica que nos ocupa ahora es la referida al hermano del presidente, David Sánchez Pérez-Castejón, para el que se creó expresamente un puesto de trabajo en el organigrama de la Diputación Provincial de Badajoz gobernada por el PSOE. De "alta dirección", según la jueza que acaba de dictar la apertura de juicio oral por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias. El trabajo tenía que ver con actividades musicales, aunque aquí la ópera o la técnica en la dirección de orquestas son los elementos olvidados del culebrón porque ¿a quién le está importando si David Sánchez era más o menos competente como coordinador jefe de Artes Escénicas cuando el mismo ya se declaró incapaz de describir las tareas del puesto de trabajo para el que había sido contratado? Con estos antecedentes, no es sorprendente que, una vez cerrada la instrucción de la causa, la juez Beatriz Biedma sugiera la existencia de un míster X. O sea, el que mayor "capacidad de influir tenía en el caso de la contratación de Sánchez David. Y no puede ser otro que Sánchez Pedro, presidente del Gobierno del Reino de España, al que la jueza no puede empapelar por aforamiento institucional del personaje. La institución del "aforamiento" (altos cargos públicos son juzgados por tribunales superiores) ha dado lugar al último culebrón relacionado con la corrupción que afecta al Gobierno y al PSOE. Hablo de la maniobra de uno de los once llamados a sentarse en el banquillo, según el auto judicial del jueves 22: Miguel Ángel Gallardo, líder del PSOE extremeño desde 2024 y presidente de la Diputación Provincial desde 2015. De la noche a la mañana a Gallardo se le ha ocurrido que puede servir mejor a su partido y a su tierra como diputado de la Asamblea de Extremadura (Parlamento de la Comunidad Autónoma). Y así, deprisa, deprisa, se adelantó en los últimos metros en su carrera de sacos con la jueza Biedma, horas antes de que ésta dictara su auto de apertura de juicio oral contra los once imputados. Si la maniobra no resulta fallida por tratarse de una instrumentalización política del "aforamiento", el caso pasaría al Tribunal Superior de la Comunidad. Tiempo que compra Pedro Sánchez para retrasar el bochorno de ver a su hermano sentado en un banquillo. Incluso para pinchar o retrasar su propia imputación ante el Tribunal Supremo.
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