Disparos al corazón de la justicia

MADRID, 21 (OTR/PRESS) El intento del Gobierno por construir una justicia a la medida de sus intereses parece imparable. Hay quien lo ha calificado de "estado de excepción permanente" y de incumplimiento flagrante de la Constitución. Lo cierto es que el estado de derecho y la separación de poderes están amenazados por las decisiones políticas partidistas.

Los datos son muchos: La descalificación de los jueces por los políticos y por el mismo Gobierno, las presiones, intimidaciones y amenazas a las que están sometidos, las acusaciones de practicar lawfare y de prevaricar trasladando a la sociedad la desconfianza en ellos.

La mala técnica legislativa y las leyes penales ideologizadas que, dejadas en manos de aficionados sin conocimientos legales, han logrado lo contrario de lo que perseguían, con daños gravísimos de los que nadie se ha hecho responsable.

La aprobación de leyes ad hominem, como la de la amnistía, los indultos a cambio de votos por un Parlamento cuya labor de debate y fiscalización se elude mediante la técnica de los decretos ley, que no pasan los obligados filtros de los órganos consultivos, que sólo requieren ratificación. O, peor aún se incumplen mandatos constitucionales como la presentación de leyes básicas como la de Presupuestos.

La aberrante falta de medios personales y materiales que se traduce en el lamentable estado de la justicia, con juzgados saturados, juicios que se convocan para dentro de tres años, procesos que se extienden durante más de una década o ejecuciones de sentencias que no se producen porque no hay medios para ello.

Leyes como la de eficiencia de la justicia que lo que hacen es aumentar la burocracia, obligar a buscar el acuerdo por medios extrajudiciales antes de ir a juicio, retrasando los procedimientos, aumentando los costes y beneficiando al infractor porque se retrasa la sentencia.

La persistencia en su cargo de un fiscal general incriminado por un cúmulo de indicios que se atrinchera en el cargo y que es defendido por quien debía acusarle. La existencia de un Tribunal Constitucional que demuestra en todos los asuntos importantes que es un tribunal político al servicio del Gobierno, La demostración de que el sistema de elección de los vocales del Poder Judicial, que contradice las órdenes de Europa, no sirve para acabar con la politización de este órgano ni con el bloqueo de los nombramientos importantes. La utilización del poder político y del privilegio del aforamiento -por ejemplo, quitar a cinco candidatos de una lista para poner al siguiente- para evitar que un juez siga con la instrucción de un proceso y éste pase a un tribunal supuestamente más favorable para los intereses de un tercero, casualmente familiar del presidente del Gobierno.

La decisión gubernamental de abrir las puertas de la judicatura a centenares de jueces sustitutos por la puerta de atrás, lo que significa acabar con los principios de igualdad, mérito y capacidad y un intento de crear divisiones internas y obtener un mayor control sobre la base de los jueces, una vez que ya se tiene controlada la cúpula.

Y, lo último por ahora, la reforma del Estatuto del Ministerio Fiscal, previa a la regulación de la instrucción de las causas penales por los fiscales, sin contar con las asociaciones, y no para blindar la independencia y la autonomía de los fiscales sino para dar mayor poder de control al fiscal general del Estado y a sus nombramientos a dedo y, si es posible, aumentar la permanencia en el cargo de un fiscal general investigado por la justicia y desprestigiado por sus acciones para torpedearla.

En suma, mayor control político de la justicia, menor independencia, nula transparencia y sometimiento de todos al poder. Un magistrado ha escrito que "los sistemas no se destruyen de golpe, se degradan poco a poco". A veces, no tan poco a poco. Llevamos años. No es de extrañar que los jueces estén planteándose una huelga en defensa de la independencia y de la separación de poderes. Lo que piensa el Gobierno, lo sabemos. Deberíamos saber también a qué se compromete el Partido Popular si llega al poder.