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Grupos de izquierda piden en el Congreso poner requisitos máximos para evitar discriminación racial en acceso a vivienda | |||
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En la iniciativa, impulsada por las organizaciones sociales Asociación Rumiñahui, CEAR, CECU, Coordinadora de Asociaciones Senegalesas de Cataluña, Provivienda y Red Acoge, piden al Gobierno tomar "medidas urgentes" frente a las prácticas de discriminación inmobiliaria. En concreto, quieren que se adopten medidas para que las autoridades competentes apliquen "de manera efectiva" la ley Integral de Igualdad de Trato y no Discriminación, "cuando particulares, empresas o inmobiliarias impidan acceder al alquiler y compra de vivienda por cuestiones de discriminación racial o étnica". Así, solicita regular los requisitos máximos y documentación necesarios para acceder a una vivienda en alquiler o compra "de manera que se eviten procedimientos discriminatorios", sin menoscabo de las competencias que correspondan a cada comunidad autónoma en materia de derecho civil, consumo y vivienda. Para ello, exponen que es necesario "constituir, reglamentar y dotar de recursos" la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, organismo cuyo fin es garantizar la independencia, acceso a la justicia y protección de las víctimas de discriminación. "Todo ello, respetando el marco competencial establecido y sin perjuicio de las competencias que correspondan a cada comunidad autónoma en materia de derecho civil, consumo y vivienda", apuntan. Igualmente, recomiendan incorporar en el Plan Estatal de Vivienda 2026-2029 "medidas inclusivas y financiación suficiente" que garantice un acceso equitativo a la vivienda a todas las personas, independientemente de su origen o situación administrativa. También apuestan por desarrollar programas de bolsas de alquiler asequible con figuras mediadoras y servicios de asesoramiento legal gratuitos en la firma de contratos para resolver conflictos relacionados con el alquiler o, cuando las competencias residan en otras administraciones, ofrecer mecanismos de financiación de estas políticas para garantizar el mismo fin. "Este modelo evita las malas praxis, ofrece garantías y, además, es un sistema eficiente y eficaz para bajar los precios de mercado", asegura En esta misma línea, también demandan elaborar campañas de información sobre los derechos de las personas arrendatarias dirigidas especialmente a la población migrante. De la misma manera, incrementar los recursos para ejercer "la vigilancia efectiva" del mercado inmobiliario y la labor sancionadora como mecanismo disuasorio de prácticas de discriminación inmobiliaria. Además, piden promover procedimientos "accesibles, efectivos y seguros" para facilitar la denuncia de víctimas de discriminación residencial, incluyendo la simplificación de los trámites, así como la asignación de asistencia legal gratuita, en coordinación con los servicios de identificación, registro y denuncia de casos discriminación, como el Servicio de Atención a Víctimas de Discriminación Racial o Étnica del CEDRE. Finalmente, recomiendan fomentar la investigación y recopilación sistemática de datos sobre la discriminación en el acceso a la vivienda, para analizar y publicar informes sobre estas prácticas. |
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