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MADRID, 30 (OTR/PRESS) Hay indicios de que estamos en puertas de conocer la decisión del Tribunal Constitucional acerca del recurso presentado por el PP contra la Ley de Amnistía. De las filtraciones se podría colegir que, con su presidente a la cabeza y apoyándose en los miembros "progresistas" --que suman mayoría-, el Alto Tribunal estaría inclinado a dar su bendición al texto que en su día fue aprobado en el Congreso tras uno de los debates más enconados vividos a lo largo de ésta legislatura. Aunque en el ámbito español la decisión del TC será palabra definitiva a la hora de zanjar el asunto, no por eso deberíamos borrar la memoria de la polémica que arrastra la que, con toda certeza, está siendo la mayor cacicada de las muchas que hemos ido conociendo a partir del hecho que explica -aunque de ninguna manera justifica- las continuas maniobras de retorcimiento del Código Penal por parte de Pedro Sánchez. Todo nace de la precariedad parlamentaria del PSOE, necesitado de la asistencia de los partidos minoritarios que facilitaron la moción de censura que desalojó de la presidencia del Gobierno a Mariano Rajoy. Por llamar a las cosas por su nombre, cuando hablamos de amnistía hay que señalar que es el instrumento político a través del cual Pedro Sánchez compró la presidencia del Gobierno. Fue el precio que exigieron los partidos separatistas catalanes cuyos dirigentes en mayor o menor grado habían participado en el intento del golpe del "procés". Hace un año la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo dictó un auto en el que señalaba que aquél proceso sedicioso fue un intento de golpe de Estado y que la mencionada amnistía vulneraba la Constitución al ofrecer un tratamiento diferenciado en función de la ideología de quienes delinquen, entrando en colisión entre otros derechos constitucionales con el de la igualdad de todos los españoles ante la ley. Antes de que Puigdemont, Junqueras y compañía le exigieran la amnistía como precio para apoyarle, tanto Pedro Sánchez como Juan Carlos Campo, que era ministro de Justicia y hoy es miembro del TC, habían dicho que la amnistía no tenía cabida en el marco de la Constitución. Eso fue antes. Después, lo que vino después, es donde ahora estamos y, la verdad, resulta desalentador.
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