
Patricia Ramírez, la madre del niño Gabriel Cruz que fue asesinado en Níjar (Almería) y cuya desaparición movilizó a la sociedad durante varias semanas, ha trasladado su interés en que el Gobierno promueva leyes que protejan a los padres y madres de hijos que han sido asesinados de publicaciones relacionadas con ellos y no solo se estudien los casos de violencia vicaria cuyos autores de esas publicaciones sean los asesinos.
"Lo que solicitamos es una ley que prohíba a los asesinos de nuestros hijos, independientemente de si son menores de edad o mayores, que se lucren con nuestros casos, que nos saquen otra vez, nos reutilicen y nos obliguen a ir a los juzgados no pudiendo hacer nuestras vidas", ha señalado en declaraciones a Europa Press.
Ramírez se ha pronunciado así ante la reforma del Código Penal que estudia el Ministerio de Igualdad para prohibir a asesinos de violencia vicaria difundir información de su caso a medios de comunicación o editoriales tras la polémica surgida por el libro 'El odio', de Luisgé Martín, sobre José Bretón, asesino de Ruth y José, los hijos de Ruth Ortiz.
Si bien considera que todo avance en materia de protección de derechos de las víctimas "es bueno", Ramírez considera que el planteamiento "no debería venir solo por Igualdad" ni dirigirse únicamente a las víctimas de violencia vicaria, sino que debería extenderse a más casos.
La madre del niño Gabriel ha recordado la petición elevada por ella misma en la Comisión de Interior del Senado el 11 de junio del pasado año, donde reclamó un "acuerdo de Estado" para que las víctimas de delitos violentos padecidos por sus hijos se vean amparadas en la defensa de sus derechos.
"Debe de ser un acuerdo de todos, porque seguro que todos están de acuerdo en la protección a la dignidad, el honor y a que las víctimas no tengamos que sufrir un maltrato o un trato degradante, independientemente de quién provenga", ha reclamado.
La madre del 'pescaíto' adoptó una papel activo en la protección de la imagen de los menores y sus padres tras conocer que se elaboraba un 'true crime' sobre su caso, el cual, según los datos con los que contaba, empleaba imágenes y declaraciones de la asesina de su hijo captadas en el interior de la prisión de Brieva (Ávila) donde cumple una pena de prisión permanente revisable.
Con ello, Ramírez ha insistido así en su interés que los asesinos no puedan "escribir libros, ni sacar documentales, ni hacer nada que nos dañe nuevamente" en relación a sus casos, puesto que además de victimizar de nuevo a los afectados, se da también "una nueva revictimización secundaria, que es el producto de tener que ir a los tribunales" a reclamar protección.
"Ya hemos pasado por nuestros juicios, nuestras apelaciones, nuestras sentencias condenatorias firmes y, cuando se hacen estas cosas, una tiene que volver a acudir a los tribunales", ha explicado antes de puntualizar, además, que la situación conlleva una nueva exposición pública de sus casos, que se vuelven a "repetir en bucle". "Cada una de estas acciones produce en sí misma una revictimización", ha dicho.
"LAS VÍCTIMAS NO QUEREMOS SER MEDIÁTICAS"
Patricia Ramírez ha asegurado que las víctimas "no queremos ser mediáticas" más allá de que exista una red solidaria entre ellas para ayudarse a afrontar sus propios casos en los que han perdido a sus hijos a causa de un crimen, ya que se trata de circunstancias que "tienen unas características especiales".
"Ninguna madre ni ningún padre se merece que, después de haberles atacado a sus hijos de forma violenta, los que están condenados y cumpliendo penas, salgan y se hagan públicamente más notorios", ha abundado a la hora de reclamar una propuesta legislativa conjunta que evite a todos los padres y madres de hijos asesinados tener que "salir continuamente a defenderse".
Para ello, ha apelado a ese "pacto de Estado", a una elevación del Estatuto de la Víctima o al impulso de nuevas leyes de carácter orgánico que prohíban a los condenados de forma efectiva frente a la legalidad vigente realizar publicaciones en las que se ofrezca una nueva versión de los hechos o incidir en los hechos ya demostrados en sentencia.
Con ello, se ha referido a la situación concreta sobre la publicación de 'El Odio', a la que renunció la editorial Anagrama, cuyo litigio sigue adelante en el ámbito civil, según ha ahondado antes de observar que "nadie ha consultado a la familia" al respecto pese a las disposiciones que figuran en el Estatuto de la Víctima de Delito.
Ramírez ya celebró el pasado 27 de marzo que la editorial Anagrama comunicara la "suspensión indefinida" de la publicación 'El odio' --a cuya publicación renunció después-- para así respetar "la voluntad" de Ruth Ortiz y la imagen de sus hijos, aunque ha lamentado la ausencia de mecanismos previos para determinar su presunta lesividad a la principal afectada por el caso así como de otros controles.
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