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El Gobierno navarro inicia una investigación sobre bienes comunales inmatriculados por la Iglesia | |||
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La Dirección General de Agricultura ha adoptado esta iniciativa basándose en los terrenos comunales en suelo rústico que fueron incluidos en el listado de bienes inmatriculados que el Gobierno foral elaboró en la pasada legislatura, puesto que las fincas urbanas quedan fuera del marco competencial de este Departamento. El consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, José Mª Aierdi, se ha reunido este martes con la presidenta y el vicepresidente de la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro, que promueve la recuperación de bienes inmatriculados por la Iglesia, Cristina Contreras y Andrés Valentín, respectivamente, a quienes ha explicado y detallado las primeras actuaciones e investigaciones sobre más de 600 bienes registrados, de los cuales, aproximadamente la mitad son bienes de carácter comunal, que la sección de Comunales de la Dirección General de Agricultura ha recopilado por distintas fuentes y sobre los que ha realizado ya una primera clasificación en función de distintos criterios. El Ejecutivo foral la realizado este primer rastreo en colaboración con la sociedad pública Tracasa y también con la Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC), en este último caso, con la que el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente ha suscrito un convenio para extender a los archivos municipales la investigación sobre estas fincas en suelo rústico, ya que la competencia de la defensa de los bienes comunales corresponde a las entidades locales, aunque éstas podrían subrogar esta gestión al Gobierno de Navarra. De momento 118 entidades locales navarras se han adherido a este convenio, manifestando su disposición a colaborar en este proceso. El equipo de la sección de Comunales del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente coordinará los trabajos de investigación con la FNMC para elaborar un censo de fincas en suelo rústico comunal inmatriculadas por la Iglesia, realizar una búsqueda de pruebas documentales y seleccionar o priorizar aquellas sobre las que resultara viable iniciar un proceso de reclamación para que los municipios o concejos pudieran llegar a recuperar, en su caso, el registro sobre su titularidad originaria. |
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