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Andalucía dice que "todas las universidades privadas cuyo inicio está autorizado tienen informe favorable del Gobierno" | |||
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Además, ha asegurado que, de los cuatro proyectos de educación superior nacidos de la iniciativa privada que ya se encuentran aprobados por el Parlamento andaluz, tres recibieron informes favorables de la Conferencia General de Política Universitaria (CGPU) dependiente del Ministerio. El cuarto proyecto, que se corresponde con el proyecto de universidad online --Universidad Tecnológica Atlántico-Mediterráneo (Utamed)--, "no ha recibido aún la autorización de inicio por parte del Gobierno andaluz hasta que la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía certifique que su oferta académica cumple con todos los requisitos establecidos", ha subrayado. A este respecto, ha querido mostrar su satisfacción por la "voluntad" de esta institución de mejorar aspectos "claves" del proyecto. Por otro lado, Gómez Villamandos ha recordado que este Ejecutivo autonómico ha rechazado cinco iniciativas de creación de instituciones privadas en Andalucía por no cumplir con las exigencias marcadas por el marco legislativo y, por tanto, no reunir las exigencias de excelencia y calidad requeridas. En ese sentido, ha señalado que el Gobierno andaluz ha sido, "en todo momento, absolutamente transparente en la gestión y pulcro en el cumplimiento de la legislación vigente", al tiempo que ha aseverado que "poner trabas a propuestas de iniciativa privada sería infringir la ley". Según ha matizado, la aprobación de una universidad privada "no es automática", sino que se trata de "un proceso largo, transcurriendo en algunos casos más de tres años desde que se registra la solicitud hasta que el Parlamento aprueba su ley de reconocimiento, con todo lo que ello implica en cuanto a informes previos y actualizaciones de las peticiones iniciales". El consejero ha puesto como ejemplo el proceso seguido por la Universidad CEU Fernando III, que presentó su solicitud de reconocimiento en abril de 2020 y el debate final del proyecto de ley no se produjo hasta final de septiembre de 2023, comenzando sus primeras clases en el actual curso 2024/2025. "No son una amenaza para el sistema público" Para Gómez Villamandos, la implantación de una institución académica de iniciativa privada "no representa amenaza alguna para el sistema público, ni en materia de financiación, ni en pérdida de talento, ni en competencia desleal". "Lejos de suponer una competencia para el sistema público, lo complementan y lo enriquecen tanto por su oferta docente como por su labor investigadora", ha destacado para añadir que esa coexistencia "la avala la Constitución Española y la libertad". "Vivimos en un espacio democrático y de libertad y lo que tenemos que medir es la calidad", ha apostillado. En Andalucía, actualmente, desarrollan su actividad dos universidades: la Loyola Andalucía, que fue aprobada a través de una disposición adicional en la etapa socialista, y la CEU Fernando III, que ha visto la luz en esta legislatura "con todas las garantías legales y de transparencia", ha aclarado. Al margen de ellas, existen otras tres iniciativas reconocidas por el Parlamento andaluz que se encuentran en proceso de obtención de autorización para iniciar su actividad docente. Son la Utamed, la Universidad Alfonso X el Sabio Mare Nostrum y la Universidad Europea de Andalucía. Estas instituciones están sometiendo sus propuestas de títulos al proceso de verificación, al tiempo que están siendo objeto de una nueva evaluación, contemplada en el marco normativo, de los requisitos establecidos en sus respectivas leyes de creación. Además, estas universidades también deberán presentar aún la correspondiente solicitud para obtener la autorización de inicio de actividad. LA FUTURA LEY ANDALUZA, "PIONERA EN LA MEJORA DE LA EXIGENCIA DE CALIDAD" Por otro lado, el titular de Universidad ha lamentado que ni la Ley Orgánica ni la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) ni la actual Ley Andaluza de Universidades han establecido "exigencias" para la puesta en marcha de las instituciones privadas. Por ello, ha expuesto que desde la Consejería se ha trabajado para que la futura Ley de Universidades para Andalucía (LUPA) "sí tenga recogidos requisitos para la creación, desarrollo y funcionamiento de las instituciones académicas privadas en Andalucía". Al respecto, ha invitado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que el pasado lunes anunció nuevas medidas en este sentido, que "consulte las mayores exigencias de calidad impuestas desde Andalucía, que se incluyeron en el borrador de la ley en octubre pasado". De acuerdo con esa futura legislación, se exige que los promotores de iniciativas de esta naturaleza deban contar con una trayectoria contrastada en educación universitaria, de manera que "se garantice que las posibles nuevas instituciones académicas tengan capacidad para cumplir, desde su puesta en funcionamiento, con lo estipulado tanto por la legislación estatal y autonómica, como por lo recogido en su propio proyecto de creación y reconocimiento", tal y como ha detallado. Asimismo, a través de la LUPA se pretende garantizar por ley que las universidades que nazcan de la iniciativa privada presten "especial atención" al apoyo al estudio con la puesta en marcha de programas de becas, que se nutrirán de una parte de los ingresos anuales de la institución. El documento normativo también hace extensible esa obligación a las actividades de I+D, "que tendrán que articularse mediante planes propios de investigación y para cuyo fomento se fijará, igualmente, un porcentaje mínimo en relación con los ingresos", ha apuntado. La futura norma determinará que la investigación desarrollada por las universidades debe ser relevante en todos los campos de la oferta académica, incluyendo estrategias de incorporación de talento, participación y liderazgo en proyectos de I+D competitivos, dotación de infraestructuras científicas y cumplimiento de los indicadores que reglamentariamente determine la Junta de Andalucía. |
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