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La Junta cambiará la norma tras el fallo del TSJA que avala que el alumnado de FP de la privada acceda a ayudas Erasmus+ | |||
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La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía modificará los acuerdos de Consejo de Gobierno de mayo de 2013 y de mayo de 2017 que fijaban el complemento autonómico que perciben los alumnos que participan en el Programa Erasmus+. La Junta acata así la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), a instancias de Escuelas Católicas Andalucía, que decreta la anulación de las resoluciones que impedían el acceso del alumnado de ciclos formativos de centros privados concertados a participar de este complemento autonómico. Así lo confirman fuentes de la Consejería de María del Carmen Castillo a Europa Press tras informar Escuelas Católicas en una nota de dicho auto judicial. La sentencia, en palabras de la entidad, "trascendental para la defensa de los derechos fundamentales", ha anulado tanto la Orden de 24 de octubre de 2023 por la que se determina el importe para el curso 2023/2024 de la aportación por parte de la Administración para el programa Erasmus+ de los alumnos matriculados en los centros públicos; como el acuerdo del Consejo de Gobierno de 29 de mayo de 2017 por el que se autorizan las aportaciones para el fomento de la movilidad académica europea de los alumnos matriculados en ciclos formativos de grado superior de formación profesional del sistema educativo en los centros docentes públicos. Según Escuelas Católicas, la decisión judicial reconoce que la "exclusión" de cerca de 7.000 alumnos que cursan sus estudios de Formación Profesional en centros privados concertados "constituye una discriminación injustificada y contraria a los principios constitucionales". Escuelas Católicas Andalucía ha reiterado que "toda persona tiene el derecho a acceder a una educación de calidad en condiciones de igualdad, sin importar la titularidad del centro donde cursa sus estudios". Con este fallo, "no sólo se corrige una injusticia generada por la propia Administración, sino que también envía un mensaje claro de que las políticas educativas deben garantizar un trato equitativo a todo el alumnado del sistema educativo público andaluz". Para Escuelas Católicas Andalucía, la decisión judicial representa "un hito en la lucha contra la discriminación en el ámbito educativo" y "sienta las bases para que futuras medidas administrativas se formulen en consonancia con los derechos y garantías establecidos por la Constitución, evitando cualquier forma de discriminación". |
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