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El Gobierno convoca al comité de huelga de los funcionarios de Justicia tras las quejas de los sindicatos | |||
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En concreto, el Ministerio de Justicia ha citado a los sindicatos a una reunión el próximo martes a las 12.15 horas, en la sede del departamento ubicada en la calle San Bernardo, con un único punto en el orden del día: "Tratar asuntos relacionados con la huelga". Las negociaciones se mantienen congeladas desde el 24 de abril, cuando tuvo lugar la segunda reunión entre el comité de huelga y el Ministerio de Justicia que culminó sin acuerdo alguno. Desde entonces, los funcionarios se han manifestado periódicamente a las puertas del departamento que dirige Llop, frente al Ministerio de Hacienda y Función Pública, ante el Congreso de los Diputados y frente a la sede del PSOE en la madrileña calle de Ferraz. Esta próxima reunión tiene lugar en el marco de la huelga indefinida que empezaron el pasado 17 de abril con paros parciales y endurecieron el 22 de mayo al pasar a paros totales para reclamar, entre otras cuestiones, una subida de hasta 430 euros brutos al mes para los 45.000 funcionarios. El comité de huelga ha venido reclamando que se reanuden estas negociaciones. De hecho, han enviado cartas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, para que intercedan ante el Ministerio de Justicia para retomar las conversaciones con la intención de poner fin a la huelga que mantienen pese al adelanto electoral. Precisamente, este jueves han anunciado que denunciarán a la ministra Pilar Llop y al secretario de Estado, Antonio 'Tontxu Rodríguez', ante la Fiscalía del Tribunal Supremo al considerar que han vulnerado su derecho fundamental de libertad sindical y que han incumplido con su "deber" de convocar al comité de huelga. En concreto, solicitan una subida salarial de hasta unos 430 euros al mes para los 45.000 funcionarios, en línea con la pactada con los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) y con jueces y fiscales. En cifras absolutas los incrementos se traducen en 46,7 millones de euros para los 8.000 miembros de la carrera judicial y fiscal y en 22,7 millones de euros para los LAJ. Ambos importes se quedan por debajo de los 200 millones de euros que exigen los funcionarios. Además, solicitaban que se paralizase la tramitación de la Ley de Eficiencia Organizativa que, según los convocantes, el Ministerio Justicia quiere "imponer, sin negociar", poniendo "en riesgo los puestos de trabajo, los destinos, la movilidad voluntaria, las retribuciones especiales y las funciones concretas". Lo cierto es que tras el anuncio de elecciones anticipadas, tanto la Ley de Eficiencia Organizativa como las otras dos leyes de eficiencia --insignias del Ministerio-- quedan paralizadas con la disolución de las Cortes Generales. También quedan suspendidos otros textos impulsados por el equipo de Pilar Llop, como la Ley Orgánica Integral contra la Trata y la Explotación de Seres Humanos. |
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