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CERMI denuncia la discriminación de la mujer con discapacidad víctima de violencia machista en la ley y en la justicia | |||
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La vicepresidenta ejecutiva de la Fundación CERMI Mujeres, Ana Peláez, ha denunciado este lunes en el Senado la "discriminación" de la mujer con discapacidad víctima de violencia de género tanto en la ley como en la justicia ya que, ha explicado, ninguna de ellas recoge en sus textos las especificidades que sufren por su situación. Peláez ha explicado ante la comisión de seguimiento del Pacto de Estado contra esta lacra en la Cámara Alta que "una de cada cinco mujeres vive con una discapacidad", pero esto no significa que todas ellas tengan un certificado de la misma. Esta situación, advierte, es relevante porque esta falta de certificación es, ha señalado, "una barrera fundamental" para que "puedan ser atendidas específicamente en los pocos programas existentes" para ellas. En su intervención ha hablado de violencias a través de la fuerza física, la intimidación, la manipulación psicológica, el engaño, el abuso sexual o la desinformación, entre otras, algunas de las cuales, indica, "no se toman en cuenta" en la legislación sobre violencia contra la mujer, del mismo modo que no se "atiende", ni la "situación específica" ni "su mayor disposición a sufrir esta violencia". Lo mismo ocurre con la justicia. Según ha indicado, muchas mujeres no denuncian por "falta de acceso a la información" o porque "dependen vitalmente de sus agresores para vivir". Pero, además, Peláez denuncia que "el propio sistema de justicia es injusto contra estas mujeres y niñas con discapacidad" y, en este sentido, critica sentencias llenas de "estereotipos negativos" hacia las víctimas o situaciones de falta de recursos. En este sentido, ha explicado el caso de una mujer sordociega a la que no se le dio un servicio de guía-intérprete, porque solo había disponibles intérpretes en lengua de signos; o la desestimación de una denuncia al considerar que no se entendía bien a la denunciante. "Y así, sima y sigue", ha lamentado la dirigente de CERMI Mujeres. LIMITACIÓN DE LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Sobre la situación durante la pandemia, ha indicado que se ha "agravado", como ha ocurrido con el resto de mujeres víctimas de esta lacra, pero ha puesto el foco en la "limitación de derechos sexuales y reproductivos" que han sufrido mujeres y adolescentes a las que se les realiza un control de su menstruación y, por tanto, los delitos de abuso que se realizan en la intimidad no se pueden probar con, por ejemplo, un embarazo. No se les han dado tampoco acceso a los servicios ginecológicos y de obstetricia que tenían antes de la crisis sanitaria y la compareciente ha señalado que en la certificación de las discapacidades "hay una brecha importante con respecto a las enfermedades que provienen de sus salud sexual y reproductiva". "Algunas mujeres con discapacidad son incluso víctimas de explotación sexual, especialmente en este tiempo de pandemia", ha denunciado Peláez, quien ha anunciado que la Fundación está realizando un estudio en este sentido, que terminarán a finales de año, debido a "los indicios" que CERMI Mujeres ha recibido en este tiempo. MODIFICACIÓN DEL PACTO DE ESTADO La vicepresidenta ejecutiva de la Fundación también ha reprochado a las administraciones que no se hayan puesto en marcha muchos puntos del Pacto de Estado de violencia de género y la falta de "diversidad" que existe en la propia formulación del texto, en el que se refiere en muchos casos a alguna discapacidad especifica --auditiva o visual-- pero no recoge, a su juicio, la realidad de todo colectivo. Así, ha llamado a los legisladores ha hacer, no solo un seguimiento del cumplimiento del Pacto, sino también "una mejora" de las medidas acordadas en su día con respecto a las víctimas con discapacidad. "No solo son insuficientes, sino que algunas están discriminando a otras mujeres con discapacidad". Peláez ha reconocido que no es fácil que una mujer con sordoceguera o parálisis cerebral pueda explicar la violencia que sufre, pero ha señalado la necesidad de que se busquen las fórmulas para que todas las mujeres puedan tener los mismos derechos que el resto para denunciar y para hacerlo en un espacio seguro. Esta situación, ha indicado, es consecuencia de que los pocos estudios que se realizan sobre la realidad del colectivo "no lo representa". Es por eso que pide una macroencuesta específica en la que se incluya a aquellas mujeres y niñas con discapacidad percibida y no solo la certificada y en la que entren las que están institucionalizadas e incapacitadas legalmente, porque el diagnóstico, ha indicado, debe recoge qué está sucediendo en entornos cerrados a estas víctimas, como familias e instituciones. Del mismo modo, llama a impulsar protocolos específicos para el colectivo en la lucha contra esta lacra, garantizar el acceso universal de todos los centros de atención y de los servicios especializados para atenderlas y urge a la implantación del asistente personal a las víctimas que ya recoge el Pacto. |
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