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MADRID, 9 (OTR/PRESS) Parece que el rey emérito quiere volver a casa por navidad. Y su intento de regularización fiscal de una cantidad opaca de dinero no declarado suena a búsqueda de imprescindible pasaporte para hacerlo. En sentido estricto, no existe ningún inconveniente legal para que lo haga, como no lo hubo para que se fuese, pero su vuelta sería un inconveniente más que su hijo deberá afrontar en un tiempo en el que se le acumulan los inconvenientes. Porque el regreso a casa de un padre es un asunto privado, pero el regreso de un rey que se fue de su país envuelto en turbias sospechas es un asunto público.
El rey emérito se fue de España hace cuatro meses sin dar ninguna explicación y su retorno debería producirse envuelto en muchas explicaciones. Porque el asunto que pretende regularizar, por el que otros contribuyentes podrían acabar en la cárcel si la Agencia Tributaria hubiese estado más atenta y ágil, es solo la punta de un iceberg que está por aclarar. Y los ciudadanos no solo merecemos una explicación, sino que estamos legitimados para exigir lo que el propio Juan Carlos proclamó en uno de sus últimos discursos navideños: que la justicia sea igual para todos.
En cualquier caso, su hipotético regreso es solo una anécdota respecto a la categoría. Porque el daño reputacional causado por el rey Juan Carlos no afecta únicamente a su persona y a la imagen que registrará la historia de su reinado, sino que ha tocado profundamente a la institución que ahora encarna su hijo. El rey Felipe ha tomado decisiones difíciles para aislarse de la gangrena, pero debería tomar algunas más para apuntalar los cimientos tocados por el seísmo. Una de ellas sería replantearse si su padre merece los honores de un rey emérito, dados los deméritos que se van descubriendo. Y la otra, reclamar los cambios necesarios, si es que no se promueven de oficio desde la sede de la soberanía nacional, para que la monarquía que encarna se someta a las mismas exigencias de transparencia, control y responsabilidad que tienen el resto de las instituciones del Estado.
Porque es un contradiós democrático que un monarca irresponsable no pueda ser juzgado porque constitucionalmente hemos decidido que sea irresponsable. Y en esta materia, si el pasado no tiene solución, deberíamos impedir, al menos, que el futuro nos depare nuevas sorpresas.
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