► No comparecerá en el Congreso hasta septiembre
► Convoca un Pleno extraordinario para analizar la situación del CGPJ

El Tribunal Supremo ha rechazado hoy abrir una investigación contra el presidente de la institución, Carlos Dívar, por los 32 viajes que realizó a Marbella (Málaga) y a otros puntos de le geografía española por valor de cerca de 28.000 euros y que cargó a las cuentas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

A pesar de esta decisión, cinco vocales del CGPJ han pedido la dimisión de Dívar y han convocado una pleno extraordinario para debatir la cuestión.

Los 15 magistrados de la Sala de lo Penal que se reunieron esta mañana en pleno han acordado por 11 votos a favor y 4 en contra inadmitir la querella presentada contra Dívar, en la que se le acusaba de delitos de estafa, apropiación indebida y malversación de caudales públicos.

Los cuatro magistrados que se han pronunciado a favor de investigar a Dívar -José Manuel Maza, Perfecto Andrés Ibáñez, Joaquín Giménez y Alberto Jorge Barreiro- han anunciado que emitirán un voto particular discrepante. Tanto el auto con la decisión de la Sala como estos votos se harán públicos en los próximos días. La reunión comenzó a las 11.00 horas y duró cerca de tres horas.

A pesar de la decisión del Supremo, cinco vocales del CGPJ han solicitado la dimisión de Dívar. Los vocales Carles Cruz, Félix Azón, Inmaculada Montalbán y Margarita Robles han presentado un escrito en el que señalan que “aún cuando los hechos no están sometidos a los parámetros del derecho penal según el Tribunal Supremo” consideran necesario “instar a la dimisión” de Dívar. Destacan además que “no puede obviarse” que cuatro magistrados del Supremo consideran “que hubiera sido necesario avanzar en la instrucción del procedimiento”.

De forma paralela, el vocal José Manuel Gómez Benítez, artífice de la querella inicial presentada contra Dívar, ha solicitado también el cese del máximo representante del Poder Judicial.

Los cinco vocales –el mínimo necesario para realizar esta solicitud- han pedido que se celebre de urgencia un pleno del CGPJ para debatir la dimisión de Dívar. Las normas señalan que este pleno debe celebrarse dentro de las 72 horas siguientes a la solicitud.

Fuentes del CGPJ consultadas por Servimedia explicaron que esta reunión extraordinaria podría celebrarse este mismo sábado. Se da la circunstancia de que el próximo lunes se celebrará en el Supremo el acto conmemorativo del bicentenario del tribunal, un evento al que está previsto que asista el Rey.

Dívar intentó esta mañana adelantarse a la maniobra de los cinco vocales y decidió convocador un pleno extraordinario para el próximo 21 de junio. El máximo representante del Poder Judicial adoptó esta decisión a media mañana antes de conocer la decisión del Supremo.

Aún así, la petición de Azón, Cruz, Montalbán, Robles y Gómez Benítez puede hacer inútil esta iniciativa. Estos vocales aseguran en su escrito que el comportamiento de Dívar, a pesar de la decisión del Alto Tribunal, es “incompatible con los principios de transparencia y austeridad exigibles a todo responsable público”.

La querella rechazada hoy por el Supremo, presentada por la Asociación Preeminencia del Derecho, atribuye a Dívar delitos de estafa, apropiación indebida y malversación de caudales públicos, unas figuras penales que conllevan penas de prisión e inhabilitación.

Preeminencia del Derecho decidió este martes ampliar la querella que tenía presentada contra el presidente del Tribunal Supremo por otros 12 viajes que el máximo representante del Poder Judicial habría cargado a las cuentas del Consejo.

De esta forma, además de los 20 viajes que Dívar realizó a Marbella (Málaga) por valor de casi 13.000 euros, los querellantes le acusan de haber cargado otros 15.185 euros a las cuentas del CGPJ por desplazamientos a destinos como Bilbao, Santiago de Compostela, Barcelona o Palma de Mallorca, realizados en fines de semana entre el octubre de 2008 y julio de 2011.

La Fiscalía pidió la semana pasada al Supremo que rechazase la querella. En el escrito presentado el pasado viernes en el Alto Tribunal, firmado por el teniente fiscal del Supremo Juan José Martín Casallo, aseguraba que Dívar “fue acomodándose, caso por caso, viaje por viaje, a las exigencias derivadas de las funciones que le correspondía desempeñar”.

El Ministerio Público afirmaba en su escrito que los hechos atribuidos a Dívar en la querella “no son constitutivos de delito alguno”. El fiscal admitía sin embargo que las actividades de Dívar, como presidente del Supremo y del CGPJ, “presentan unos límites imprecisos, más borrosos, en los que a veces resulta muy difícil de separar o de delimitar la actividad pública de la privada”.