El PP obtuvo finalmente este jueves el apoyo de CiU para la convalidación del decreto del Gobierno por el que se acaba con la exigencia legal de que el presidente de RTVE sea elegido por mayoría cualificada de dos tercios de la Cámara, de forma que ya no será preciso un acuerdo previo de los dos principales grupos en torno y al PP le bastará con sus votos.

Los populares no se quedaron solos, como se había barajado, y contaron con el concurso de la coalición catalana para dar luz verde a este decreto que aprobó el Consejo de Ministros el pasado 20 de abril, que también reduce de 12 a 9 el número de consejeros de RTVE, elimina los sueldos para estos directivos (que ahora cobrarán dietas por asistencia a reuniones) y deja a los sindicatos sin representación en el máximo órgano de gobierno de Prado del Rey.

Montserrat Surroca, de CiU, dijo que su grupo, aunque no comparte el recurso “abusivo” que hace el Ejecutivo a la figura del decreto-ley, ha decidido “por responsabilidad” apoyar una norma que, ante todo, busca acabar con “el inadmisible bloque institucional y parálisis que vive RTVE” “por la incapacidad de los partidos mayoritarios para llegar a acuerdos”.

La diputada de CiU sostuvo además que el decreto está “en la línea de las reformas defendidas por CiU” en los últimos años para el régimen de RTVE” y en la de la impulsada por el Govern catalán” para el sector audiovisual”, con decisiones idóneas como la supresión de las retribuciones fijas de los vocales de RTVE.

"INSOSTENIBLE"

En defensa del decreto subió a la tribuna del pleno del Congreso el ministro de Industria, José Manuel Soria, quien aseguró que el decreto solo busca el “desbloqueo” de la gestión de RTVE, que se encuentra en una situación de “parálisis absoluta” desde que dimitió Alberto Oliart el pasado verano, y no tiene ningún afán de manipulación o de imponer a un presidente afín, como denuncia la oposición.

“La elección del presidente va a seguir siendo una elección parlamentaria”, afirmó el titular de Industria. “El decreto garantiza la independencia de RTVE y que la elección siga siendo parlamentaria, basada, como desea el Gobierno, en el consenso y el acuerdo. Este decreto no tiene otra finalidad que dotarnos de un mecanismo normativo para desbloquear una situación insostenible”.

El ministro expresó sus sospechas de que el PSOE se oponga en realidad al decreto porque quiere que sigan regentando Prado del Rey “las mismas personas que nombró en su día”. “Hicieron un uso partidista de RTVE durante los años de gobierno socialista y ahora pretenden seguir haciéndolo desde la oposición”.

Desde el PSOE, su diputado Juan Luis Gordo afirmó que el decreto tiene el objetivo claro de “manipular” RTVE “volv iendo a los tiempos de Aznar y Urdaci”, porque “no saben gobernar sin controlar la televisión pública”, y también el de “asfixiar económicamente” a la corporación con la vista puesta en su propósito de cerrar las televisiones públicas.

A juicio del portavoz socialista, que pidió que el decreto se tramite como ley ordinaria, el argumento del bloqueo de RTVE que esgrime el Ejecutivo es "falso". “No han querido negociar y no han esperado siquiera el tiempo que nos dimos hasta junio para acordar un nuevo presidente”, señaló Gordo.

El supuesto anhelo del Gobierno de manejar RTVE fue la crítica al decreto en la que también coincidieron los grupos minoritarios, que hablaron, por ejemplo, de “deseo de tomar el control de RTVE con una norma inconstitucional” (Ricardo Sixto, Izquierda Plural), “un Gobierno que falsea con el argumento de que respeta la independencia de RTVE” (Pedro Azpiazu, PNV) y del fin de una “TVE que en los últimos años ha aumentado su pluralismo” (Irene Lozano, UpyD).

Por el PP, Ramón Moreno dijo que hace falta actuar ya en RTVE con un nuevo Consejo, ahora paralizado, en lugar de hablar de "zarandajas y barbaridades" como la de que el Gobierno quiere controlar RTVE.

La norma convalidada hoy también prevé el acceso de las radios a los estadios sin tener que pagar el canon por retransmisión de encuentros que les reclamaba la Liga de Fútbol Profesional.

Sobre esta medida, Soria dijo que se atiende el derecho de información y se compensa a los clubes por el uso de sus instalaciones, dando cumplimiento al compromiso electoral alcanzado por el presidente Mariano Rajoy. Varios portavoces de la oposición manifestaron su respaldo a esta iniciativa.