El Congreso de los Diputados rechazó este martes, con los votos del PP, PSOE y PNV, tomar en consideración una proposición de ley de IU sobre la disponibilidad de la propia vida y que contó con el respaldo de UPyD y del Grupo Mixto.

Concretamente, la proposición, defendida por el diputado del Grupo Parlamentario IU-ICV-CHA: La Izquierda Plural Ricardo Sixto, fue rechazada por 25 votos a favor, 292 en contra y 9 abstenciones.

Durante el debate parlamentario, Sixto defendió que “la vida es un derecho, no un deber” y que, en consecuencia, es necesario regular el derecho a una muerte digna y sin dolor.

Tras señalar que en España la mayoría de la sociedad está predispuesta a la eutanasia, rechazó aquellos mecanismos que, lejos de paliar el sufrimiento y el dolor, suponen una “prolongación estéril de una situación desesperada”.

Por su parte, la diputada del PP Marta Torrado abogó por mejorar los cuidados paliativos. Señaló que su partido apoya “todas las medidas que redunden en la mejora de los servicios asistenciales al paciente” y dijo que la proposición defendida por Sixto “no aporta valor” en ese sentido.

Por su parte, el diputado del PSOE Julio Villarrubia dijo que su grupo ya tiene una propuesta sobre esta cuestión que no permite prolongar la muerte ni el suicidio asistido pero admitió que es necesaria una regulación “más precisa” sobre este tema.

Por su parte, el diputado de CiU Jordi Janè admitió que esta cuestión merece un “debate serio” que huya del “oportunismo mediático y político”. Abogó por la renovación periódica del testamento vital, como recomienda el Consejo de Europa.

Para la diputada de UPyD Irene Lozano, el quid de la cuestión es “qué vida y en qué circunstancias merece la pena ser vivida”. Señaló que “hay que hacer normal en las leyes lo que ya está sucediendo en la sociedad”.

Emilio Olabarría (PNV) criticó que la proposición defendida por Sixto no defina claramente qué entiende por muerte digna.

Por parte del Grupo Mixto intervinieron Joan Tardà (ERC), Joan Baldoví (Compromís) y Olaia Fernández Dávila (BNG).

Tardà (ERC) defendió que no es deseable “ni la criminalización ni la clandestinización de la eutanasia” porque España es una sociedad “madura” que debería poder establecer las “condiciones objetivas y reguladas” para una decisión “decisión libre, informada y consciente”.

Por su parte, Baldoví (Compromís) dijo que “la vida es algo personal e intransferible, y la muerte también” y que cuando se habla de disponer de la propia se está hablando de “libertad y de conciencia, no de imposiciones”.

La diputada del BNG Olaia Fernández Dávila (BNG) también mostró su posición favorable a la toma en consideración de la proposición defendida por La Izquierda Plural.

El texto rechazado despenaliza la conducta del que, “mediante actos necesarios o de cooperación activa, permita, propicie o facilite la muerte digna y sin dolor de otra persona, a petición expresa, libre e inequívoca de ésta, en caso de que sufriera una enfermedad grave que hubiera conducido necesariamente a su muerte”.

Despenaliza también, y así se explica en la iniciativa, la conducta de quien ayude a morir a quien, previa petición del afectado, padezca una enfermedad grave que “le produjera graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar, o que, siendo permanente, le incapacitara de manera generalizada para valerse por sí mismo”.

Además, propone introducir el derecho del paciente a decidir libremente, una vez informado, el tratamiento médico que se le vaya a aplicar, “como presupuesto del reconocimiento de la voluntad de morir del afectado”.

Asimismo, el texto propuesto por La Izquierda Plural y rechazado por el Pleno recoge expresamente el reconocimiento de la llamada “declaración vital” para que, cuando un paciente lo pida, se le apliquen “actitudes eutanásicas”.