En Andalucía, Comunidad Valenciana, Murcia, Castilla La Mancha y Extremadura la falta de agua es un problema que cada vez va a más en algunas localidades.

Si se cobrara un impuesto o tasa a las decenas de millones de turistas que nos visitan cada año de unos diez o quince euros por turista habría dinero suficiente para la construcción de varias desalinazadoras cada año.

Porque con la desertización que está padeciendo buena parte de nuestro territorio y el cambio climático las cosas respecto a la disponibilidad de agua no van bien, sino todo lo contrario.

La sequía no es algo menor, puesto que perjudica muy gravemente a la agricultura y a cientos de miles o millones de ciudadanos que tienen que padecer restricciones en el consumo y otras molestias derivadas de la escasez de recursos hídricos, ya que los pantanos están medio secos.

Los gobiernos no pueden quedarse de brazos cruzados, puesto que si sigue la tendencia a que cada vez llueva menos, las consecuencias serán desastrosas.

El agua es un bien de primera necesidad. Deben tomarse medidas para anticiparse a lo que se avecina en los próximos meses y años. Y parece que la medida más racional es la puesta en marcha de decenas de desaladoras de agua de mar y que sean rentables funcionando con el máximo rendimiento.

Y aunque su funcionamiento sea más caro que otros sistemas tradicionales es lo que realmente se puede hacer, si se analiza el clima en España estos últimos años.

El agua de mar es una reserva prácticamente inagotable y gratuita. Debemos aprovecharnos de los avances tecnológicos para dar suficiente agua de buena calidad a todos los ciudadanos independientemente del lugar en que vivan.

También sería necesaria una mayor solidaridad para darse cuenta de que no debe haber una lucha por el agua entre las comunidades autónomas. Las que disponen de más agua deben de ser solidarias con las que padecen una situación peor. De todas formas, es evidente que no puede ser que determinadas zonas rurales estén sufriendo la falta de agua.

España, según afirman los científicos puede convertirse en un desierto en las próximas décadas. Es un riesgo real al que debería hacerse frente. El 80% del territorio español puede ser zona árida con las terribles consecuencias que de ello se derivan.

Aunque lo esencial es que la planificación en la construcción de plantas desaladoras sea coherente y esté bien controlada para evitar fraudes o que no entren en funcionamiento todas las que se construyan, algo que ya ha sucedido, por desgracia en el pasado.

La desalinización de agua de mar no debe ser la oportunidad para que se produzca exceso de beneficios para los que construyan las plantas potabilizadoras de agua. Los ciudadanos se merecen una cierta calidad del agua a unos costes razonables.

El Gobierno está obligado a proporcionar el agua necesaria a los habitantes de nuestro país en unas condiciones adecuadas. No se puede esperar mucho más, porque el problema de la escasez de lluvias se está acrecentando cada vez más y la sequía amenaza el bienestar de todos.