El problema saharaui es uno de esos conflictos no resueltos durante años, que permanece latente hasta que algún nuevo episodio lo pone patente, siendo entonces como ahora cuando la prensa internacional denuncia hechos como los del ataque marroquí al campamento, y la subsiguiente situación de disturbios y sitio a la ciudad de El Aaiun.

Este conflicto, además se vive con cierto grado de intensidad en España, pues no en vano, nuestro país formó parte del mismo hasta el abandono, por “descolonización súbita”, o mejor dicho relevo en la misma por Marruecos, tras forzar el episodio de la Marcha Verde, en los “estertores” del régimen franquista, y sobre el que se tienen una “mala conciencia social” de cómo se hicieron las cosas.

Pero hemos de recordar que entonces, España era atacada por el Frente Polisario, bajo auspicio de Argelia, que infligió numerosas bajas de españoles, incluidos ataques a pesqueros que faenaban en las aguas del banco saharaui. Y por otro lado, no podemos olvidar la hostil acción marroquí forzando con la Marcha Verde una confrontación, que podría haber traído consigo una guerra a tres bandas (España –potencia colonial-, Marruecos –que lo pretendía- y Argelia –ocultándose en el Polisario-), desestabilizando el área saharaui y mediterráneo occidental, de tan elevado interés estratégico para nuestro país. Que por otra parte, habría de cerrar el proceso de descolonización llevado a cabo en África, a mitad del S. XX, con lo que tenía más que perder que ganar en el caso de seguir adelante con el conflicto.

Por consiguiente, se tomó la mejor de las opciones para el interés de España, si bien por la situación interna española, y la presión de los agentes en conflicto en la zona, se hizo una dejación de las habituales funciones que asumía la potencia colonial con los territorios coloniales en todo proceso de descolonización, si bien arteramente encargó de esa responsabilidad a la ONU, que la asumió, pero no la ejerció, por más que se haya apelado al proceso de descolonización del Sáhara a través del conocido referéndum de Naciones Unidas, que no se ha llegado a realizar, pues con el transcurso del tiempo, los datos censales han podido ser sustancialmente modificados a favor de Marruecos, actual ocupante.

De manera que España testimonialmente puede manifestarse a favor de dicho proceso, como parte que intervino en la zona, pero sin embargo los actuales intereses españoles no pasan necesariamente por avalar la posición de un Polisario que cuando era la potencia ocupante le resultó beligerante, como tampoco con Marruecos que fue el vecino desleal aprovechado de las circunstancias para granjearse nuevos intereses políticos, económicos y territoriales. Por consiguiente, no es mala la salida española de señalar a la ONU como responsable de tutorizar dicho proceso.

Pero apelar a la ONU, tiene una clara connotación de intereses estadounidenses – o al menos que no se perjudiquen-, por consiguiente la ONU ha ido tomando distancia física y temporal del problema, y de hecho Marruecos ha sido la que se ha salido con la suya, pese a la resistencia de la población saharaui, al parecer mermada y dividida, ante un Polisario radicalizado que parece acoger las nuevas tesis islamistas, que en la actualidad molestan hasta al mismo Estado argelino que le apoyaba. Por consiguiente, el problema se ha agravado dado el peligro de propagación islamista de la zona, que no interesa ni a Argelia, ni a Marruecos, ni a España, ni por supuesto a EEUU.

Motivo por el cual la lógica geopolítica, ante una probable generación de un Estado Saharaui fallido, que pudiera ser base del terrorismo islámico sobre la zona, que podría llegar a desestabilizar a los países circundantes, e incluso África central y el Mediterráneo Occidental, parece aconsejar no asumir riesgos y mantener el statu quo de la zona bajo control marroquí, país que además tiene un alto grado de occidentalización con sus matices.

Consiguientemente, es muy loable defender los derechos de autodeterminación del pueblo saharaui, incluso la condena del uso excesivo de la fuerza represiva contra los insurgentes. Pero por puro realismo político, que es lo que rige en política internacional, lo aconsejable va de la mano de los intereses de los países de la zona y de su estabilidad. Hecho que determina, en definitiva, la misma actuación de Naciones Unidas.