Socha (Firma Colectiva)

Mesa puesta. No ‘a mesa puesta’, la locución adverbial que expresa «Sin trabajo, gasto ni cuidado». Porque en la Operación Chamartín, como se sabe, hay trabajo (mucho), gasto (sólo de una parte, que valora en 80 millones de euros) y cuidado (de los que andan en el ajo, próximos a él o removiéndolo). La situación actual es tan... (¿especial?) que había que buscar, y encontrar, algo para defender intereses, ideas y posturas. Lo encontraron en un eufemismo que llamaron ‘Mesa técnica’, con el sustantivo antes del adjetivo, que produce una especie de mueble unido a lo «perteneciente o relativo a las aplicaciones de las ciencias y las artes».

Pero, antes que ciencias y artes e incluso antes que mesa, lo que hay en la Operación Chamartín son dos posturas frente a la realidad que marca, y acota, el concurso que convocó RENFE para el desarrollo urbanístico. Una vez adjudicado el concurso (A DUCH, base de DCN, en que participan BBVA y Constructora San José) las posturas son: La propia de DCN, que obliga a la administración que lo convocó (RENFE-ADIF-Ministerio de Fomento) y apoyan la administración autonómica (CAM) y otras instituciones públicas y privadas. Y la contraria.

La primera tuvo expresión (técnica y jurídica) en el año 2011 en el Proyecto que DCN encargó al Equipo Redactor de ‘La Operación Prolongación de la Castellana’, que es el nombre dado al trabajo hecho para el desarrollo urbanístico de «312 hectáreas de terreno», en una «Superficie construida de 3.276.000 m2» y con un coste de 5.200 millones de euros. En él se proponían «intervenciones» armónicas sobre: «Prolongación del Paseo de La Castellana, Remodelación de la estación de Chamartín y sus accesos, Cubrimiento y ampliación de las vías de Ferrocarril, Recuperación de las zonas degradadas en el entorno de los suelos ferroviarios, Eliminación de las barreras urbanas generadas por el ferrocarril, y la Creación de una nueva centralidad metropolitana orientada tanto a acoger actividades económicas como equipamientos».

El equipo autor del proyecto, dirigido por el Decano del COAM José María Ezquiaga, estaba formado por varias empresas de Ingeniería (C. Fernández Casado, EPTISA, EPYPSA, IDEAM, PROTECNO, PROUINTEC, TRN y TYPSA), un grupo de arquitectos (I. Ábalos, A. Arca, A. Adura, J. Barros, J. Herreros, A. Jaramillo y G. Peribáñez), un asesor legal (Laso y Asociados), un historiador (Carlos Sambricio), y los especialistas que suministraron trabajos tan singulares como ‘Estudio de contaminación Acústica’ o el inusual y novedoso ‘Estudio de Soleamiento’ para las edificaciones previstas.

Tras lo anterior, y para ser minucioso, conviene a añadir que el Proyecto DCN primitivo, del 2011, no representa una propuesta definitiva, ya que ha sido modificado por las propuestas que se han sugerido y han sido admitidas.

La ‘postura contraria’ es la que se manifiesta en las posiciones del octogenario arquitecto Eduardo Mangada, representante principal de la llamada ‘arquitectura de la izquierda’, ex miembro del PCE (1973-1982), Teniente de Alcalde y Concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid (1979-1983 con Tierno Galván) y, con Leguina en la Presidencia de la CAM, Consejero de Ordenación del Territorio, Medio Ambiente y Vivienda (1983-1987); y, desde 1987, Consejero de Obras Públicas y Transportes.

A pesar de su edad y relevancia, o por ambas, Mangada, a lo largo del tiempo y con una serie de artículos de Opinión (“Chamartín. Prótesis frente a acupuntura”. “Operación Chamartín. ¿Para qué?”. “Operación Chamartín, la especulación camuflada”. “Operación Chamartín. Contra cordura, grosería y amenazas”. “Un foro denominado ‘urbanismo sostenible’ para relanzar la Operación Chamartín”. “La Operación Chamartín sería el triunfo de los poderes financieros e inmobiliarios”...), ha ido formando un todo genérico que le ha permitido concluir con una afirmación que, además de servir de título a uno de sus trabajos, muestra una forma de entender la situación: «”La Operación Chamartín era un coto del BBVA para sus fondos de inversión”».

Esas son, en esencia, las dos posturas sobre la operación: Aceptación de la Propuesta que representa el proyecto del decano del COAM Ezquiaga, que asumen ADIF, Ministerio de Fomento y el adjudicatario del concurso DCN. Y la asentada en las descalificaciones de Mangada que han encontrado acomodo en unos seguidores entre los que destacan la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y su Concejal de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, autor de opiniones en consonancia con Mangada.

Las dos posiciones podían servir de base para que ‘acordaran’ los miembros de la llamada ‘Mesa Técnica’. Pero, a diferencia de lo dicho, filtrado y publicado, en vez de propósitos de pacto, en la llamada ‘Mesa Técnica’, ha aparecido el tenido por «manotazo intransigente de la izquierda» que pretende ‘tabla rasa’ de espaldas al Concurso que convocó y adjudicó RENFE y a las obligaciones y derechos que de él se derivan. Tras el ‘manotazo’, priman las reuniones sin información, pactos secretos que no llegan a la sociedad y un oscurantismo que no se sabe a quien beneficia pero que produce suspicacias y alarma ciudadana.

Para suavizar posturas y no finiquitar unas negociaciones en posición difícil si siguen las intransigencias, se habla de: ‘Avances’, ‘sintonía entre alcaldesa y ministro’, ‘acuerdos generales’, ‘fraccionamiento de la Operación en fases que propicien acuerdos puntuales en tres zonas separadas (Estación, al Norte y al Sur de la Calle 30)...

También, desde fuentes próximas al Ayuntamiento de Madrid, se apunta como solución lo que uno de los estudiosos llama «acomodo de los derechos contractuales del adjudicatario a las imposiciones ideológicas de la ‘cabeza de jabalí’ colocada al frente». La solución consiste en la construcción al Sur de la Calle 30 del ‘Gran Centro de Negocios de Madrid’, similar al de otras ciudades. De admitirse ese Centro de Negocios, se deduce, las plusvalías que se generarían permitirían dos concesiones que no están enfrentadas: El logro del beneficio contractual al que tiene derecho el adjudicatario. Y un desarrollo urbano según los condicionantes ideológicos impuestos por el grupo que detenta el poder en el Ayuntamiento.

Otra fuente de información, en sordina, sugiere «investigar si DUCH está a punto de ligar con un empresario gallego (no San José) y (si), por eso, quiere aprobar el Plan Parcial cuanto antes». Sería la consecuencia de la propuesta de BBVA, de hace unos días, para hacer una ampliación de capital (en DUCH) que Constructora San José con unos créditos importantes (se apuntan 1.600 millones de euros) pudiera rechazar mientras aprovecha las supuestas plusvalías de la Operación Chamartín. Esa ampliación de capital (apuntan 180 millones de euros) sería el motivo de discordia, entre BBVA y su socio en DUCH, que podría llevar a la búsqueda de un nuevo socio (sugerido en sordina) o a una redistribución de participaciones accionariales, con ‘nuevo reparto’ de los beneficios previstos en el cumplimiento del concurso adjudicado por RENFE en 1993.

Todo eso, en estos días y con la ‘mesa puesta’, puede llevar a la conclusión, vieja e incierta, que nos confiaban: «De cara al futuro, la Operación Chamartín echará a andar, ahora, en unos meses, o cuando se vaya Carmena del Ayuntamiento. Puede que DCN y los demás acepten lo que propone la izquierda ideológica. También que, desde ADIF, Ayuntamiento, o DCN se proponga algo que satisfaga a todos (incluida Constructora San José). Y que DCN se convierta en la herramienta útil que concibieron José Borrell y Mercé Sala cuando decidieron utilizar actividad privada en la Operación Chamartín». El que se haga a la luz de todos y contándolo, o se logre con pactos hechos en secreto, dependerá de los que se muevan alrededor de la mesa.

Pero eso hoy, en la primera semana de febrero, aunque exista bajo las patas de la mesas, no aparece sobre el tapete. De momento, hay anunciada otra reunión más (la tercera) de miembros de la Mesa Técnica.

Sólo está ‘La mesa puesta’.